El próximo lunes, la Cámara de Diputados notificará al pleno de la Corte Suprema respecto a la acusación constitucional presentada contra tres jueces del máximo tribunal -Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama- por "notable abandono de deberes" al entregar libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad.
En esta línea, desde el Gobierno rechazaron la acusación constitucional contra los supremos, enfatizando en que una mayoría política "no puede destruir el Estado de Derecho".
"Una mayoría política no puede invadir la esfera de acción de los Tribunales de Justicia. Lo que está haciendo hoy este grupo de diputados es invadir las funciones judiciales y eso me parece altamente imprudente, es la víspera de conflictos institucionales mayores", enfatizó Larraín.
"Lo que se está haciendo es de mucha complejidad, de mucha imprudencia, por eso llamamos a tener cuidado con el ejercicio de las funciones de la Cámara de Diputados. Una mayoría política no puede destruir el Estado de Derecho", agregó el ministro.
La respuesta de Carmen Hertz
Los cuestionamientos fueron rechazados por la diputada del Partido Comunista e impulsora de la acusación constitucional, Carmen Hertz.
"Me parece absolutamente improcedente y deplorable que el Ejecutivo pretenda cuestionar las atribuciones que la propia constitución del 80 le otorga a la Cámara de Diputados. Estos son términos amenazantes, términos que sí ponen en riesgo el Estado de Derecho", señaló Hertz.
"Cuando un poder como el Ejecutivo se refiere en estos términos y expresiones a lo que es una atribución de la Cámara de Diputados, estás cuestionando las facultades privativas por razones meramente de interés político", agregó la parlamentaria.
Los magistrados preparan su defensa
Los magistrados ya preparan su defensa ante el parlamento.
Hugo Dolmetsch será representado por el abogado Fernando Saenger, quien cuestionó la politización del proceso y aseguró que la acusación no tiene fundamentos.
"La acusación no tiene fundamentos porque se refiere a hechos, a procesos específicos, a análisis de recursos de amparo. El Congreso, para decir si hay notable abandono de deberes, tendría que entrar a analizar toda esta información", sostuvo Saenger.
"La Constitución, como todo el mundo sabe, con la separación de los poderes señala que ni el Congreso Nacional ni el Presidente de la República pueden revisar los fallos o revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones", concluyó el jurista.
Cabe señalar que el juez Manuel Valderrama será defendido por el abogado Jorge Correa Sutil, mientras que Carlos Künsemüller será representado por Alfredo Etcheberry.
Una vez que se les notifique, los magistrados no podrán salir del país sin tener permiso del Congreso y tendrán un plazo de 10 días para responder ante la comisión que revisará la acusación.
En paralelo, la Sala Penal de la Corte Suprema pidió al abogado integrante, Ricardo Abuauad, un informe respecto al incidente de nulidad que presentó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el cual podría dejar sin efecto el beneficio penitenciario a reos de Punta Peuco.