El ministro Álvaro Elizalde detalló que la revisión de los beneficios sigue en curso, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos días.
Asimismo, detalló que el 14,19% de los beneficiados durante el Gobierno anterior contaba con antecedentes policiales, mientras que en la administración actual son el 17,78%.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, confirmó esta mañana que -por el momento- 25 pensiones de gracia serán revocadas, ya que la revisión de los beneficios sigue en curso, por lo que podrían aumentar.
"Ya hay una decisión de al menos revocar 25 pensiones de gracia, pero eso no obsta que se va hacer una revisión completa de todos los casos. En primer lugar, respecto a quienes tengan antecedentes penales, pero respecto a los otros casos, se va a realizar una revisión para verificar que se cumple con los requisito para obtener un beneficio de esta naturaleza", afirmó.
Asimismo, el secretario de Estado apuntó que en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), "el total de pensiones de gracia otorgadas -en el marco de esta glosa presupuestaria que se aprobaron, para el presupuesto del año 2021 y 2022-, el 14,19% tenía antecedentes penales".
Mientras que en la actual administración del Presidente Gabriel Boric precisó que fue fue del 17,78%, "por tanto, estamos hablando de porcentajes relativamente similares", declaró Elizalde.
En tanto, se espera que en los próximos días se publiquen los decretos revocatorios de las pensiones de gracia. No obstante, la comisión asesora entregó al Presidente Gabriel Boric un informe en el que se detallan otras personas que eventualmente podría ser anulado el beneficio, por lo que la cifra podría aumentar.
Por otro lado, ante la indicación del Ejecutivo a que las personas que sufrieron la pérdida de globo ocular en contexto del Estallido Social, no será invalidado su beneficio pese a tener antecedentes penales, el diputado Henry Leal (UDI) pidió que se le anule a los presentados por Contraloría.
"Creemos que se debe revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales. Si alguna persona se vio afectada por un acto que intervino un agente del Estado, tiene todo el derecho a recurrir a los Tribunales de Justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de las pensiones de gracia", señaló el parlamentario integrante de la comisión investigadora.
El fiscal nacional Ángel Valencia reiteró esta mañana que eventualmente se podría investigar los delitos de fraude de subvenciones y prevaricación.
Bajo esta premisa, precisó que "lo que se estaría investigando por parte de los fiscales es si se cometió algún delito al momento de aprobar ese otorgamiento, seleccionar a los posibles beneficiarios o, al momento de solicitarlos, si se cometió también algún delito por parte de quienes lo solicitaron entregando información engañosa o falsa con el propósito de obtener esas pensiones sin cumplir con los requisitos".
Asimismo, Valencia explicó respecto a los empleados públicos que "podría cometerse algunos delitos; en este caso, algún tipo de malversación o podría eventualmente cometerse prevaricación administrativa".
Por otro lado, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve abordó los polémicos dichos de su antecesor en el cargo –durante el Gobierno de Sebastián Piñera-, Juan Antonio Galli, quien aseguró en una entrevista en Tele13 Radio que "las fuerzas de izquierda" presionaron para que se aplicaran las pensiones de gracia y "las siguen defendiendo".
En ese sentido, la autoridad aseguró que "voy a mantener mi política de no entrar en la pelea chica, de resistir la tentación de responder. Pero sí decir dos hechos que me parecen bien relevantes: el informe de Contraloría que se hace mención no es el único informe".
"Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021 (administración anterior). Sería bueno que lo leyeran, para que veamos en qué situación encontró este Gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social (DAS) y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal", aseveró el subsecretario.
Monsalve hace referencia a un documento de auditoría al proceso de otorgamientos de beneficios que comprende desde el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, pero a extrabajadores de la Empresa Nacional del Carbón, no en marco del estallido social.
El informe estuvo a cargo del DAS (órgano a cargo de entregar los beneficios de gracia) y en él se verificó que los procedimientos para el otorgamiento de pensiones y manual de funciones de oferta no se incorporan lineamientos relativos al proceso de postulación, selección y otorgamiento.
Igualmente, se constató que el departamento no cuenta con un registro único que contenga información completa e íntegra con el total de beneficiarios, ya que, solo dispone antecedentes de pensiones entregadas desde el 2018 hacia adelante.
Además, se observó que la Subsecretaría del Interior no dispone de un control presupuestario de acuerdo a la ejecución de los recursos y la ausencia de control sobre los pagos bajo concepto de pensiones de gracia. Por lo que, Contraloría en su momento instruyó un procedimiento disciplinario al órgano y solicitó subsanar las observaciones.
Ante el comité político ampliado, el Ejecutivo informó este lunes que trabaja en un proyecto de ley para regular de mejor manera el criterio detrás del otorgamiento de estos beneficios.
Para el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, la iniciativa "debería incluir elementos que dejen claramente a la vista los antecedentes que tengan las personas a las cuales se les pueda conceder una pensión de gracia".
"También que esté prevista la posibilidad de que a quien tenga una pensión de gracia, y luego cometa un delito de cierta gravedad, se le pueda entonces revocar esa pensión", añadió el diputado.
