A un día de que se cumplan siete años del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló que el Estado de Chile continúa con una "grave deuda" respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad y justicia, reparación y no repetición.
De acuerdo con datos de Fiscalía, durante las manifestaciones del 18-O se cometieron más de 35 mil delitos con casi 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas. El ilícito más frecuente fue la violencia institucional cometida por agentes del Estado, con un 34,1%.
Le siguen los saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%) y desórdenes públicos (22,7%) y, en materia de víctimas de trauma ocular, se contabilizan 464, de las cuales 230 tuvieron algún grado de pérdida visual y dos sufrieron ceguera total bilateral.
Asimismo, hubo más de 12 mil denuncias por violencia institucional, de los cuales solo 219 terminaron con una sentencia condenatoria y la mayoría de las fueron archivadas, sobreseídas o no perseveraron.
Ante esto, el director del INDH, Yerko Ljubetic, señaló que "a los Estados, desde el punto de vista de los derechos humanos, les surgen obligaciones que son ineludibles: establecer la verdad y la justicia sobre lo ocurrido, formas efectivas de reparación y consolidar garantías de no repetición".
"Es decir, el Estado de Chile continúa con una grave deuda y con grandes pendientes en estas materias. Todavía sigue siendo bajísima la tasa de resultados para establecer la responsabilidades y, desde el punto de vista de la reparación, hay enormes insuficiencias en hacerse cargo de las secuelas que han afectado a las víctimas de violaciones de DD.HH., particularmente en la dimensión relativa a la salud de estas personas. Por último, en materia de garantías de no repetición, vemos que lo que ha ocurrido va en la dirección contraria", sostuvo.
Diputado Kast: "Nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios"
Desde el mundo político, el Gobierno afirmó que no celebrará un acto oficial, aunque los partidos del oficialismo sí lo hicieron el viernes, cuando firmaron un documento titulado "Chile sin violencia, un compromiso con la paz", en rechazo a la violencia y vandalismo registrado en el período.
El diputado de Evópoli Tomás Kast expresó: "Nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios sociales. Ninguna demanda social, por legítima que sea, lo justifica, porque ninguna democracia puede construirse sobre el miedo y la destrucción".
"Tenemos la responsabilidad de recordar lo ocurrido, sacar lecciones para el futuro y asegurarnos de que Chile nunca más vuelva a vivir algo semejante", agregó.
En tanto, desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva consideró importante "condenar y repudiar todos los actos de violencia y delitos que se cometieron amparándose de las movilizaciones sociales legítimas y pacíficas".
Sin embargo, "lo más importante hoy es poder evaluar cuán oportuna y adecuada ha sido la respuesta del sistema político a esas problemáticas estructurales de nuestra sociedad y que todavía demandan una respuesta adecuada", enfatizó.
Aumenta el rechazo ciudadano al estallido
En paralelo, una encuesta de Pulso Ciudadano arrojó que el 64% considera que el estallido social fue un episodio negativo para el país, lo que constituye un aumento de siete puntos porcentuales respecto al año 2024.
El sondeo también reveló que solo un 31% considera necesario lo sucedido, lo que bajó considerablemente respecto a la medición anterior, que cifró un 46%. En la misma línea, quienes consideran el estallido como innecesario aumentó de un 36 a un 52%.
El analista político Guillermo Holzmann entregó su reflexión al respecto. "El estallido social, como punto de inflexión, representa una crisis institucional que no ha sido solucionada, a pesar de los dos intentos constitucionales", dijo.
"Tenemos una tendencia mundial que nos hace pensar, definitivamente, que viene una nueva ola de protestas de manera quizás distinta, pero que es posible de anticipar. Es evidente de que el descontento social, no va a estar a cargo de las ideologías tradicionales, sino que va a ser la sumatoria de muchas minorías que van a expresar su descontento", analizó.
"Las protestas sociales hoy van a ser mucho más transversales y mucho más complejas de manejar por parte de regímenes democráticos que se ven debilitados justamente frente a estos movimientos", indicó Holzmann.
