La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, Consuelo Contreras, instó al Gobierno a generar una política de Estado para la protección de sitios de memoria para poder financiarlos y mantenerlos.
Contreras hizo el llamado durante una visita a la casa de memoria José Domingo Cañas, que en su momento fue el cuartel Ollagüe de la Dina, asegurando que estos sitios son de importancia para el país, pues muestran lo ocurrido en la época de la dictadura.
"Cualquier país que ha tenido situaciones de graves vulneraciones a los derechos humanos, ese tipo de política después se instalan a más de 40 años de ocurridos los hechos del golpe militar, creemos que ya es tiempo suficiente para generar una política de mantención de los sitios de memoria", dijo la directora del INDH.
"Pedimos que se establezca una ley que proteja los sitios de memoria, que aporte al financiamiento de la mantención y desarrollo de los sitios de memoria como medida de no repetición" de los hechos ocurridos tras el golpe cívico militar, complementó Contreras.
En tanto, la vocera de la casa de memoria de José Domingo Cañas, Marta Cisternas, comentó que por la no existencia de políticas de memoria el lugar fue destruido y solo quedaron ruinas. Además, sostuvo que este sitio se mantiene por el trabajo de voluntarios.
"Este lugar no ha sido protegido adecuadamente por el Estado de Chile, lugar que está siendo mantenido por el trabajo de personas voluntarias, porque insisto, Chile no tiene políticas de memoria, no existe una ley de sitios tampoco, por lo tanto los sitios están bajo la responsabilidad de las organizaciones y de los familiares que los mantenemos", comentó Cisternas.
Justamente la casa de José Domingo Cañas fue vandalizada en octubre pasado por desconocidos que incluso dejaron excremento en el lugar.
Actualmente hay 40 sitios de memoria, de los cuales 22 fueron declarados monumentos históricos nacionales, como Villa Grimaldi y el archivo de Colonia Dignidad.
La mayoría de estos lugares son cuidados y financiados por los propios familiares de las víctimas de la dictadura, mientras que otros reciben financiamiento del Estado que debe ser renovado.