El Instituto Nacional de Derechos Humanos concretará en los próximos días la querella, anunciada en mayo, contra altos mados de Carabineros por su presunta responsabilidad en no frenar las violaciones a los DD. HH. cometidas por agentes policiales contra manifestantes durante el estallido social.
De acuerdo con La Tercera, la acción penal busca que "se cumpla con las obligaciones estatales relativas a la investigación y sanción de estas graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo".
Aunque se dirige "contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumamos o degradantes", el escrito menciona a siete generales, los mismos a los que la Contraloría General de la República, el año pasado, les acusó infracciones a la normativa legal y reglamentaria sobre los marcos y protocolos de actuación de la institución.
Estos son Mauricio Rodríguez, exjefe de Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, exjefe de Zona Santiago Este; Jorge Ávila, exjefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, exdirector nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, exdirector de Logística; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, y Hugo Zenteno, exjefe de la V Zona Valparaíso.
También señala al entonces general director Mario Rozas, a quien Sergio Micco -director del INDH a la fecha- le remitió un detallado informe con las situaciones que se presentaron hasta el 30 de octubre de 2019.
"En este sentido, de manera fehaciente se puede constatar que el Alto Mando de Carabineros tomó conocimiento de estos hechos -al menos aquellos que habían sucedido hasta el día 30 de octubre de 2019- y, no obstante ello, estos hechos continuaron ocurriendo con similar o mayor gravedad, hasta que recién el día 19 de noviembre de 2019 se da la orden general de uso restringido de la escopeta antidisturbios", sostiene la querella.
El INDH recuerda que el 10 de noviembre de 2019 Rozas anunció que se dispondría de "un uso acotado" de las escopetas antidisturbios, limitando su uso a "todas aquellas situaciones de real peligro para nuestros carabineros, para nuestros conciudadanos y también cuando exista una amenaza inminente para la propiedad pública o privada", medida que, sin embargo -plantea el escrito- implicó que se ampliara el uso pues "ni en la circular ni en el protocolo respectivo se autorizaba el empleo de la escopeta ante 'amenazas inminentes para la propiedad pública o privada': por esta razón, en vez de "acotar" su uso, esta medida lo amplió a supuestos que no estaban considerados en la normativa vigente, lo cual explica en gran parte que luego de dicho anuncio se hayan seguido produciendo numerosos casos de lesiones graves y estallidos oculares".
Luego, recién el 19 de noviembre, el general director informó que, "en una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal (balines antidisturbios): en consecuencia, solo podrán ser utilizadas, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya peligro inminente de muerte".
El Instituto pide que se le tome declaración a una serie de víctimas y a generales de Carabineros, entre ellos al actual general director, Ricardo Yáñez -director nacional de Orden y Seguridad en la época-, y al excomandante Claudio Crespo Guzmán, único imputado formalizado por las graves lesiones que cegaron a Gustavo Gatica.
Solicita igualmente que se informe de las resoluciones de nombramiento, hoja de vida y calificaciones de quienes ejercían funciones en el Alto Mando entre el 18 de octubre de 2019 y 19 de noviembre de 2019.
La querella, de 202 páginas, será presentada en los próximo días, según el citado diario. La acción penal había sido anunciada por el INDH en mayo de este año, tras ser aprobada por el Consejo, pero su interposición quedó pendiente tras la bullada salida de Micco de la dirección en julio.
