Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acudieron este viernes a Puente Alto y recogieron una serie de denuncias contra agentes del Estado.
Entre los cerca de cien testimonios se reportan simulaciones de ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias, sustracción de especies personales y golpizas.
Fue precisamente la brutal golpiza que un grupo de policías le propinó a un joven puentealtino, que registró una cámara de seguridad, y dos denuncias más por el mismo tipo de agresión lo que movilizó al INDH hasta la comuna.
Por estos hechos, que significó la baja de siete funcionarios policiales, Carabineros anunció la remoción del mando de la comisaría de Puente Alto y una "intervención" que permita recuperar "la confianza de la comunidad". Dicha intervención, sin embargo, estará encabezada por los mismos miembros de la cuestionada institución.
Para Valentina Sotomayor, parte de la asamblea sociopolítica de Puente Alto, no basta con este relevo de mando pues lo que debe cambiar es la conducta de la institución.
"Creo que los responsables de todo este tipo de maltratos tiene que ser sancionados. Entonces no nos basta con que cambien, si no van a cambiar las conductas", señaló Sotomayor.
Malos procedimientos en servicios médicos
Por otra parte, Tania Rojas, abogada de la unidad jurídica del INDH, detalló que las víctimas de agresiones también han visto vulnerados sus derechos en recintos asistenciales.
"Al momento de completar la ficha médica, el diagnóstico médico, no se constata efectivamente le motivo o el origen de la lesión. Por ejemplo, si fue un balín, eso tiene que informarse que fue un ingreso de un proyectil balístico y no así otra cuestión que no sea referente a eso", explicó Rojas.
"Una segunda cuestión es que también esta persona tiene que quedar con algún tipo de tratamiento o bien ciertas citaciones médicas para que se siga revisando. Eso no está ocurriendo", añadió.
Rojas también indicó que los vecinos denunciaron, entre otras cosas, hostigamiento y represión a los defensores de derechos humanos, agresión a los brigadistas de salud, además de identificarse que hay una población objetiva respecto de la cual se producen las detenciones y vulneraciones: adolescentes entre 14 y 15 años, y jóvenes hasta los 25 años.
"Notamos patrones que se van reiterando, tal como se siguen los desnudamientos, detenciones en furgones, simulacros de ejecución y, particularmente, lo que sí nos preocupa bastante es que estos siguen siendo respecto de menores de edad", aseguró la abogada de la unidad jurídica del INDH.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos resaltaron que estudian presentar 20 querellas adicionales por los hechos recogidos en Puente Alto, una de las zonas, junto a Santiago, donde más casos se han denunciado.
