El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, calificó la obstrucción en una visita realizada por el Colegio Médico y su organismo al centro penitenciario de Punta Peuco como una "oportunidad desperdiciada" para bajar la tensión del debate por el estado de salud de los reclusos.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Marelic explicó que el procedimiento se enmarcó en "un apoyo lógistico, de coordinación" al Colegio Médico, que "daba certezas a los familiares y la autoridad de los estados de salud (de los reclusos) de parte de un tercero imparcial".
En cuanto a las explicaciones del bloqueo a los profesionales el pasado jueves, "sería muy positivo que en este debate también hubiera una postura oficial y clara de Gendarmaría, ahora esto no es una visita que uno lo pueda entender de algún tipo que perturbe o que haya hecho algún daño a la persona", recalcó.
Acerca de la denuncia del Colegio Médico sobre la premiación de unas olimpiadas en el momento de la obstrucción, "no la podría seriamente respaldar, pero efectivamente se estaban ingresando cajas, lo que se comunicó a los profesionales del instituto es que estaba realizando algún tipo de celebración en apoyo a los militares recluídos", indicó.
"Estamos disponibles para continuar estas coordinaciones", precisó el director, aunque subrayó que "es una oportunidad desperdiciada para poder poner elementos técnicos sobre el debate", puesto que los profesionales "iban a poner sobre la mesa elementos nuevos para poder también bajar un poco la tensión".
Sobre si hay casos especiales donde los detenidos pudieran cumplir condena en sus casas, "es un debate que estamos dando ahora en el seno del consejo del INDH, cuál es la actitud del Estado ante personas con enfermedades en fase terminal o con afecciones neurodegenerativas", afirmó.
"Por el tipo de delito que cometen las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, las formas de cumplimiento deben tener particularidades y debe ser muy estricto", precisó Marelic.
En cuanto a los reclusos que incrementaron su jubilación gracias a una pensión de invalidez por estrés post traumático, "el derecho a la seguridad no se puede eliminar, sin embargo, lo que sí hay que revisar son estas indemnizaciones" y confió que -como en el caso de las pensiones de Gendarmería- Contraloría actuará "con mucha autonomía y apego a la legalidad".
