La socióloga Isabel Amor negó que haya relativizado la condena contra su padre, vinculada con un caso de derechos humanos de la dictadura, presunta posición suya que fue mencionada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para justificar la "pérdida de confianza" que derivó en su despido como directora regional en Los Ríos, apenas dos días después de haber asumido el cargo, seleccionada vía Alta Dirección Pública.
Tras su despido el 5 de agosto, el SernamEG ahondó recién este miércoles que la decisión pasó, presuntamente, por "sucesivas omisiones de información relevante y acciones" y por el borrador de una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio -que ella misma compartió para una revisión- donde supuestamente "relativiza la responsabilidad" de su papá, Manuel Antonio Amor Lillo, médico y militar en retiro condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas contra el ingeniero agrónomo Luis Corvalán Castillo, hijo del entonces secretario general del Partido Comunista Luis Corvalán Lepe, en septiembre de 1973.
"Los procesos de Alta Dirección Pública son de un nivel de escrutinio brutal, agotadores, ¿qué tipo de información puedo ocultar?", replicó la profesional, conocida activista por los derechos humanos y la diversidad sexual, en El Diario de Cooperativa.
"Cuando me dijeron que había quedado seleccionada, les dije (en SernamEG) que tengo un padre condenado, que no tengo ninguna duda sobre mi posición, no avalo ninguna violación a derechos humanos, independiente de quién las haya cometido y si es o no pariente mío, y tengo una carrera profesional que me avala, y que tenía una entrevista comprometida que ya di y no he visto el borrador", recordó.
Explicó que "el borrador es de una entrevista que di en junio o julio, que tenía que con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado por DD.HH.", en el contexto de que, hasta antes de llegar al Servicio de la Mujer, ejercía como jefa regional del INDH en Ñuble desde hace cerca de un año, y luego de que la sentencia contra su progenitor -que data de 2017- fuera confirmada por la Corte Suprema en abril de este año.
Además, puntualizó que había accedido a la entrevista "con dos condiciones: que la pudiese ver antes y tener derecho a veto, y como era una historia humana, me dieron esa oportunidad".
"Y tan pronto me llega el borrador, le pido el teléfono a Priscilla Carrasco (directora nacional del SernamEG), que me dice casi que no es necesario que lo vean (...) (En el Servicio) me dicen que le encuentran dificultades al texto y, sin problemas, les dije que se bajaba. La entrevista se baja (no se iba a publicar), hasta que el lunes (5 de agosto) Priscilla me despide, en una llamada de cuatro minutos por WhatsApp. Después me llama el periodista, le digo que me acababan de despedir y que saque (publique) la entrevista", recapituló Amor.
El miércoles, en Cooperativa, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que Amor sí "relativizó" la condena contra su padre, y luego, en otros medios, Carrasco, por quien pasó la decisión, justificó el despido en que la profesional supuestamente no informó el caso de su padre y no hizo una "condena (personal) clara".
Amor fustigó que Carrasco, al informarle su salida, "no me dio ninguna justificación, estas aparecieron una semana después y son bien débiles, son todas como elucubraciones, no hay nada concreto; después me mandaron un mail".
Asimismo, recriminó que las autoridades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género "están siendo bien matonas en su manejo, que es lo que más rabia me da". Por ejemplo, contó, "el jueves (8 de agosto) Priscilla Carrasco me llamó a las 4 de la tarde y me dijo que nos juntemos en la sede regional del SernamEG a las 7 de la tarde -fuera de horario laboral- para explicarme qué significa la pérdida de confianza, en ese tono; ella iba a estar con un fiscal y yo sola", por lo que no aceptó.
EL EXTRACTO FILTRADO DEL BORRADOR
En el medio The Clinic fue filtrado el extracto del borrador que habría incomodado al Ministerio. En éste se le inquiría directamente a Amor si le había preguntado a su papá si había torturado a alguien, y ésta respondió: "Sí. Y me dijo que no, que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Lo que se supo años más tarde. El problema fue no denunciarlo en ese momento".
"Yo no relativizo nada en relación con la condena. Mi papá fue condenado por los mismos motivos que él me comentó cuando me contó su caso", se defendió Amor esta mañana en El Diario de Cooperativa.
"Si mi padre me dice 'esto es lo que pasó', él va a la Justicia y dice 'esto es lo que pasó', y la Justicia vuelve con una condena que dice lo mismo, ¿qué posibilidades tengo yo de relativizar algo?", subrayó la socióloga.
La ministra Orellana ha cuestionado que la entrevista luego se publicó "muy convenientemente editada", pero atendiendo al texto preliminar, hizo un paralelo con el caso Macaya, con el que se zanjó que "nadie es responsable de los delitos de su papá", pero "una cosa es opinar como hijo y otra como autoridad".
"No tengo el poder de editar una entrevista... (Y) me parece una ridiculez que se planteen similitudes con el caso Macaya; es comparar peras con manzanas. No soy senador y tampoco he dado ninguna declaración pública en mi calidad de autoridad regional que hable de mi padre, porque un borrador no lo es", replicó Amor.
"IMPRESENTABLE: DA LA IMPRESIÓN DE QUE LA MINISTRA NO QUIERE QUE LLEGUE A TRIBUNALES"
En la misma entrevista del miércoles en Cooperativa, Orellana amenazó con exponer públicamente el borrador "si se decide ir por la vía judicial".
"Me parece bien impresionante e impresentable que la ministra diga que, si tomo acciones legales, ella va a mostrar el borrador. Me da la impresión de que ella no quiere yo llegue a las acciones legales y me pregunto por qué", inquirió Amor.
En tal sentido, confirmó que si su caso "no se soluciona de alguna otra manera, si el Ministerio o el Gobierno no logran dar con responsables, ofrecer disculpas y todo lo que corresponda, voy a tomar todas las acciones legales pertinentes".
Aquello porque se resignó a que, "si el reintegro ocurriera, tendría que ocurrir en situaciones muy idílicas y que no van a ocurrir", y el acto administrativo de su desvinculación ya fue visado por la Contraloría General de la República.
"Esperaría que no sea el Presidente (Gabriel Boric) el que se tenga que hacer cargo de esto. Pero sí espero que alguien que tenga la capacidad de controlar esto, lo haga, y esta persona no está siendo la ministra Orellana ni Priscilla Carrasco", sentenció.
MUNDO POLÍTICO TOMA PARTIDO
La controversia por la salida de la breve directora regional del SernamEG ha escalado al Congreso Nacional. La derecha ha recriminado el actuar del Gobierno y promoverá una citación a la ministra Orellana a la comisión del ramo; además, diputados de la bancada de Renovación Nacional oficiaron a la titular del Trabajo, Jeannette Jara, y al director de la institución fiscalizadora, Pablo Zenteno, con el fin de aclarar los argumentos esgrimidos para despedirla.
El caso ha generado opiniones divididas en el oficialismo, pero mayoritariamente críticas contra la actuación del SernamEG. "Las explicaciones sobre su salida han sido débiles y no tienen ningún argumento técnico consistente", reprochó ayer el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien pidió la reincorporación de la profesional.
En tanto, Amor se reunió en la última jornada con el senador Iván Flores (DC), que representa a Los Ríos. Éste se manifestó "cada vez más convencido de la verdad" de ella y solicitó al Presidente Boric "que interceda por su desvinculación", porque "se ha cometido una tremenda injusticia contra una persona de gran trayectoria y que ha sido un referente esencial en la defensa de minorías sexuales y mujeres".
A su vez, la diputada UDI Flor Weisse recalcó que "en la Comisión de Mujeres extendimos una invitación para que la ministra Antonia Orellana explique la situación, dé cuenta de un proceso que es riguroso y que tiene varias etapas, y en el que además se evalúan competencias laborales y de otra índole".
Con todo, "consideramos que no es un buen precedente para el Sistema de Alta Dirección Pública adoptar decisiones que afectan la transparencia, y que involucran recursos del Estado. No compartimos la cultura de la cancelación, menos cuando hay un proceso como el que la seleccionó".
El gremialismo además envió una carta para solicitar que el propio Presidente Gabriel Boric se pronuncie sobre el caso, y que las autoridades del Ministerio de la Mujer asuman las responsabilidades políticas correspondientes.
El otrora presidente Consejo de Alta Dirección Pública Alejandro Weber opinó en El Mercurio que "en dos días es imposible que se pierda la confianza sobre un profesional y menos por la calidad de su trabajo".
"Una decisión de este tipo puede atribuirse a hechos sobrevinientes o elementos de análisis que no estuvieron sobre la mesa al momento en que la autoridad -la directora nacional- tomara la decisión de nombramiento. Con todo, resulta bastante evidente que hay motivos políticos o ajenos al desempeño del cargo para la salida", analizó
