Figuras de izquierda expresaron su rechazo a la idea de que eventualmente se les pueda ofrecer "incentivos judiciales" a exagentes presos por crímenes de la dictadura, a cambio de que entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que aún no han sido encontrados, a 50 años del golpe de Estado.
La dicusión fue planteada en la víspera por el senador Iván Moreira (UDI), a propósito de la carta de 27 oficiales recluidos en Punta Peuco que, cargando contra los mandos militares de la época -siguen guardando "pávido silencio"-, admitieron de manera genérica haber cometido violaciones a los derechos humanos y pidieron a las autoridades políticas y judiciales que tengan "conmiseración" hacia sus subalternos -suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- que cumplían órdenes.
La propisición no ha encontrado apoyo en el Congreso Nacional.
"A mí me parece que el trueque, a 50 años, no funciona", afirmó la diputada Lorena Fries (Convergencia Social), exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
"Esto debiera haber pasado hace 30 años, 20 años, pero no a los 50 años. Estamos viendo que todavía hay resistencia y hay impunidad y se está pidiendo beneficios. La primera etapa es: sean patriotas, sean leales y entreguen la información", remarcó.
A juicio de la diputada Lorena Pizarro (Partido Comunista), expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, "la información la tienen, (pero) la información no la entregan, que es distinto".
"Nosotros no podemos aceptar aquello, nunca aceptamos información a cambio de impunidad", enfatizó, asegurando además que los criminales presos en Punta Peuco "los beneficios los tienen, (porque) fueron condenados con rebajas de penas, están en una cárcel especial".
El Plan Nacional de Búsqueda, presentado hace algunas semanas por el Gobierno, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe que dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet, no contempla ni tiene considerado incluir incentivos para recibir antecedentes.
"DEBIERAN ENTREGAR INFORMACIÓN DE BUENA FE", DICE LA DERECHA
Desde la derecha, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional, también tomó distancia de la idea.
"Yo creo que aquí somos todos iguales ante la ley y ningún preso puede pedir un trato especial si es que no se lo merece. Es triste escuchar que hay que incentivar a alguien para que entregue información respecto de un desaparecido. Debieran hacerlo de buena fe y pensando en las personas que hoy buscan a sus familiares después de 50 años", sostuvo.
En ese sentido, "hacemos un llamado a quienes tengan información, a hacerla llegar por último anónimamente", conminó.
Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.
Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.
