El abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar comentó en Cooperativa la orden de detención contra siete militares presuntamente implicados en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, de 19 años, quien falleció el 6 de julio de 1986 tras ser quemado por una patrulla militar.
En Lo Que Queda del Día Salazar detalló que "lo interesante es que se abre una perspectiva de avanzar y profundizar en la investigación en una línea que no pudo hacerse en su momento la justicia militar y, por lo tanto, establecer otras responsabilidades penales a nivel de autoría mediando dolo en la acción de los responsables".
"En este caso, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, tratándose de delitos que son calificados de lesa humanidad, no aplica la prescripción en materia penal. Son perfectamente pesquisables, perseguibles y sancionables en estos delitos", aclaró.
Explicó que "siempre tuvimos la convicción de que la orden y las acciones para quemar a los jóvenes y después ir a lanzar sus cuerpos a una zona de campo estuvo a cargo de un oficial de inteligencia, Julio Castañen", uno sobre los que pesa la orden de detención.
El abogado recordó que durante la investigación en la justicia militar, "los fiscales que estuvieron a cargo se empeñaron en acreditar la versión de la patrulla militar y, por lo tanto, el único reproche penal que finalmente se pudo hacer fue condenar por falta de diligencia al jefe de la patrulla, el teniente Pedro Fernández Dittus, por no haber brindado atención rápida médica a los jóvenes quemados, sin que se dilucidara cómo se habían quemado".
"No ha podido seguir ocultando una verdad"
Salazar manifestó que "el contingente de tropa que participó en esto eran soldados conscriptos que estaban haciendo servicio militar. Eran jóvenes que no eran parte del aparato del Ejército, sino que temporalmente transitaban por ahí y les tocó servir en esa época. Todos estos jóvenes, después de que ocurrieron estos hechos, fueron contratados por el Ejército".
"El Ejército se encargó de encuadrarlos dentro de la versión que en su momento se fraguó para explicar los hechos. Nunca se les pudo sacar una versión distinta", declaró.
Entonces, respecto a que la acción se da luego que uno de los integrantes de la patrulla militar, identificado como Fernando Guzmán, rompiera el "pacto de silencio" y entregara detalles del mencionado crimen, Salazar dijo que "si uno de ellos ha podido hablar, seguramente se debe a que ya está fuera del Ejército y que, por razones de consciencia, no ha podido seguir ocultando una verdad de la que fue testigo".
