El abogado de Carmen Gloria Quintana, Héctor Salazar, dijo este sábado a Cooperativa que en el caso quemados vivos no hubo pactos de silencio, sino un encubrimiento a nivel institucional por parte del Ejército, que "ha sido la principal causa del tiempo que ha demorado la justicia en establecer los hechos".
"Aquí hubo una investigación judicial que llevó a cabo la Justicia Militar y, junto con todas las actuaciones institucionales que manipularon los hechos, generaron una coartada mentirosa que ahora, fruto de las confesiones de algunos involucrados, queda destruida y aparece brutalmente la verdad", dijo Salazar a El Diario de Cooperativa, un día después de conocerse la noticia de que el ministro en visita Mario Carroza dictó acusación contra de 13 militares en retiro por esta causa.
"No hubo pactos de silencio, porque el Ejército es una institución militar jerarquizada, donde no hay asambleas donde un grupo se pone de acuerdo. Aquí hubo un encubrimiento institucional. Por lo tanto es el Ejército -desde sus mando medios hasta llegar a la cúpula- el que se prestó para dificultar esta investigación y ocultar responsabilidades", aseveró el jurista.
"La demora se debe al entorpecimiento de la investigación"
Según Salazar, el tiempo transcurrido para establecer la verdad de los hechos es fruto de la manipulación de la investigación y la falta de cooperación por parte del Ejército.
"(Éste) es un caso más, emblemático, en donde la demora de poder establecer judicialmente la verdad se debe exclusivamente al entorpecimiento que presentó la investigación y la manipulación de ésta por parte de la Justicia Militar, que impidió preestablecer una verdad que estaba en evidencia desde un principio", aseveró.
"El tiempo que ha transcurrido para establecer esta verdad es fruto única y exclusivamente de la falta de cooperación del Ejército", insistió el representante de Carmen Gloria Quintana.
"Faltan nombres"
Si bien Salazar destacó la decisión del ministro Carroza, el abogado también aseguró que aún faltan nombres en la acusación –"sobre todo a nivel de encubrimiento, porque éste fue a nivel institucional"- y afirmó que ahora se abre la posibilidad de plantear demandas civiles indemnizatorias.
"Entre las personas que estuvieron directamente involucradas había alrededor de 20 soldados conscriptos que, fruto de este hecho, fueron contratados como soldados profesionales para poder mantener un control sobre ellos. Esas decisiones no se adoptan a nivel básico de sargentos o tenientes, ésas son decisiones a nivel institucional", advirtió.
Por último, comentó que ahora "se abre la posibilidad de plantear demandas civiles indemnizatorias que en este caso, por ser agentes del Estado, corresponde demandar al Fisco de Chile, por lo que se hará parte en el proceso el Consejo de Defensa del Estado".
