La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, exigió justicia efectiva y fin de la impunidad en materia de violaciones de los derechos humanos al comentar el cierre de la investigación del caso quemados vivos: el brutal ataque a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana por una patrulla militar en la población Los Nogales, el 2 de julio de 1986.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Pizarro recalcó que "lo importante es que se dé con la verdad, con los civiles y uniformados responsables del crimen, que también son los que han mantenido a los autores amparados en el silencio, como parte de la operación de encubrimiento".
La dirigente señaló que, pese a los antecedentes, a los testimonios de Carmen Gloria y un ex conscripto que formaba parte de la patrulla, y de la posible ubicación de los responsables por la jerarquización del Ejército, "nunca ha existido voluntad" por dar con los autores y entregar justicia.
"Esperamos que, de una vez por todas, empiece a terminar la impunidad. No queremos sentencias simbólicas, cierres de procesos simbólicos; queremos toda la verdad, justicia y enjuicimianto para los civiles y uniformados responsables", sentenció.
Punta Peuco es un "símbolo de impunidad"
Sobre la reciente aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto que niega el derecho de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad, la activista valoró que se tomara posición "en defensa de los derechos humanos y de la vida".
No obstante, indicó que le preocupan "extremadamente" las intervenciones de diputados de la UDI, que calificó como "apología del terrorismo de Estado, al resaltar la figura de los violadores de derechos humanos como héroes de la patria".
Pizarro apuntó además que aún falta un pronunciamiento de parte de la Presidenta Michelle Bachelet y del Gobierno respecto a los temas pendientes de violaciones de derechos humanos.
"Violadores solicitan libertades y, pese a la contundencia de los informes, la Corte Suprema los deja en libertad, y no hay palabra alguna, por parte de la Presidenta, ante hechos tan graves que atraviesan la democracia", expresó Pizarro.
Sostuvo que, en este sentido, es "más que necesario el cierre del Penal Punta Peuco, que es una decisión privativa de la Presidenta de la República", debido a que el recinto "simboliza esa impunidad".
"Desde su construcción fue parte de la lógica de la justicia en la medida de lo posible, de la negociación de no tocar a los uniformados para terminar con la dictadura. Fue parte de la impunidad para aquéllos que no pudieron evadir la Justicia, como fue en su momento Manuel Contreras y Pedro Espinoza", ambos miembros de la DINA.
