Se acerca septiembre y con ello se comienzan a acortar los plazos para que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla con uno de sus compromisos más simbólicos en materia de derechos humanos: el cierre de Punta Peuco.
Si bien el Gobierno nunca ha dado una fecha oficial sobre la materialización de este cierre, a principios de agosto La Tercera adelantó que septiembre sería el mes elegido.
El mismo diario aseguró hoy que en el comité político no todos están de acuerdo en la fecha, pues no quieren que el traslado se concrete cerca de un nuevo aniversario del 11 de septiembre o que se asocie con el golpe de Estado.
En su edición dominical, el matutino entrega nuevos detalles de la planificación de la clausura, y detalla que se realizaría de noche -incluso de madrugada- y en absoluta reserva para evitar riesgos e incidentes como los que se registraron durante el cierre de Cordillera, en septiembre de 2013.
El traslado de los 129 condenados que hoy se encuentran reclusos en Punta Peuco, al módulo especial de Colina 1 se hará de forma simultánea en un operativo que contará con varias unidades policiales y una ambulancia.
El traslado se concretaría de noche o madrugada (Foto: ATON).
Todo este procedimiento será informado horas después de concretarse, cuando los reclusos ya estén en sus nuevas celdas, aseguró el medio.
Con todo este hermetismo se busca evitar repetir los incidentes y la exposición que se produjo cuando los uniformados recluidos en Cordillera fueron trasladados a Punta Peuco, hechos a los que se sumó el suicidio del general en retiro Odlanier Mena, es director de la CNI, quien se negaba a ser trasladado al nuevo centro penal.
El camino hacia el cierre
Según fuentes de La Tercera, el camino para el cierre de Punta Peuco comenzó el 14 de julio de 2014, cuando la líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, se reunieron con la Jefa de Estado en La Moneda para entregarle las propuestas que incluían la "agenda corta de Derechos Humanos", que incluía el cierre del penal.
En aquella ocasión la Presidenta no se comprometió con ninguna de las solicitudes expuestas y sólo señaló que se las entregaría al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, para que fueran estudiadas. Sin embargo, en absoluta reserva, la Mandataria aprovechó de encomendarle una tarea más precisa: estudiar el cierre de Punta Peuco.
Los primeros pasos se dieron en septiembre de 2014, cuando Bachelet anunció que le daría suma urgencia al proyecto para anular la Ley de Amnistía y al que tipifica el delito de tortura.
Organizaciones de DD.HH. han solicitado el cierre en varias ocasiones (Foto: ATON).
Más tarde, en marzo de 2015, Bachelet ya recibía los resultados del informe que respaldaban el cierre.
En él, se exponía el gran hacinamiento que vivían los reclusos de Punta Peuco, que en esa fecha eran 70, y de lo inviable que era seguir ampliando el penal. Condición que a la fecha se encuentra indudablemente agravada, pues en la actualidad son 130 los presos.
Otro problema era que el recinto no estaba en condiciones de recibir mujeres, a pesar de que en ese momento ya había varias ex militares procesadas, y los problemas con el agua, pues toda la comuna de Tiltil había sido declarada zona de escasez hídrica en 2012.
Sin embargo, pese a todos los pasos que el Gobierno daba para evaluar el cierre, la información no salió a la luz pública sino hasta el 9 de agosto de 2015, cuando la Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del caso "quemados vivos" desclasificó al diario electrónico El Desconcierto que la Mandataria le había revelado que en septiembre de ese año se cerraría Punta Peuco.
Al ser consultada por esto, la Jefa de Estado sólo se limitó a responder que cumpliría con sus compromisos. Ese mismo mes, según el matutino, la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien trabajó de cerca con la Presidenta para materializar el cierre, sugirió con más fuerza concretar la iniciativa.
Ex ministra de Justicia trabajó junto a la Mandataria para concretar el cierre (Foto: ATON).
Todo esto sucedía en medio de las críticas al Gobierno por la extensión del paro del Registro Civil, por lo que poner fin al cuestionado penal era visto como una buena forma de salir de la crisis y generar un alza en el respaldo a la Mandataria.
Por esto, en septiembre de 2015, Blanco obtuvo la autorización de la Presidencia para iniciar los trabajos de remodelación del módulo Asistyr en Colina 1, lugar que antes era ocupado por los enfermos psiquiátricos.
¿Cómo serán las nuevas celdas?
Los trabajos tuvieron una inversión de 1.500 millones de pesos y dejaron al módulo con tres galerías separadas por pequeños patios. Además, se construyeron baños comunes, se mejoró la seguridad y se alzaron los muros perimetrales.
Cada galería dispone de 10 celdas, de dos metros de largo por dos de ancho. Si bien cuentan con camas individuales, esto podría modificarse con la incorporación de literas, en caso de que aumente el número de internos.
Cada habitación tiene una ventana con barrotes, las puertas son de acero, pesadas y de corredera. El módulo no tiene ninguna de las comodidades que los ex militares poseen en Punta Peuco, como máquinas de ejercicios, ni salas para aprender idiomas, ni capilla, ni biblioteca.
Sí dispone de una enfermería, que fue habilitada a petición de algunos jueces de causas de derechos humanos debido al estado de salud de algunos condenados, todos adultos mayores.
El recinto también tendrá una entrada directa al penal para las visitas de los familiares.
Con el módulo listo, el traslado podrá ejecutarse inmediatamente después de que la Presidenta firme el decreto, concretando el cierre de Punta Peuco.
