La Mandataria ingresó un proyecto de ley al Congreso que elimina la potestad presidencial para conceder indultos particulares.
Se exige que los condenados por crímenes de derechos humanos "manifiesten arrepentimiento" y colaboren con información.
En 2017 murieron en Punta Peuco tres reos que habían solicitado indultos presidenciales.
Michelle Bachelet firmó e ingresó al Senado un proyecto de ley que propone eliminar el indulto presidencial para condenados por crímenes de lesa humanidad, y dejar la resolución de las solicitudes de los reos enfermos terminales en manos de los tribunales de Justicia.
El texto legal propone establecer "la no procedencia del indulto particular respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra", detalla El Mercurio.
La nota indica que, "en términos generales, el proyecto de ley propone regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena", y plantea "que los responsables, además de cumplir con los requisitos generales que cada institución jurídica exige, aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y que demuestren su arrepentimiento".
De aprobarse el proyecto, será "el tribunal de garantía el que, mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal, podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario", comentó al matutino el senador Pedro Araya, integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Alta.
El independiente pro DC reconoció que, si bien la iniciativa va más allá, "obviamente la discusión se va a centrar en las personas que están cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad que están en Punta Peuco".
El Mercurio agrega que, en materias de libertad condicional, en el proyecto "se precisa la utilización de la expresión 'beneficio', sustituyéndose el uso de la, hasta hoy, interpretable referencia a la expresión 'derecho'".
En tanto, indica que se exigirán informes de Servicio Médico Legal para acreditar la condición de enajenación mental.
Carroza: "No se refiere a la edad"
El ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos Mario Carroza comentó que este proyecto "se venía gestando hace tiempo" y, en su opinión, "genera consenso, porque trata de beneficios y trato a enfermos".
El texto "no se refiere a la edad de los condenados para cumplir condena en domicilio, que es tema que divide las opiniones", dijo el juez.
En 2017 murieron en Punta Peuco tres reos que habían solicitado indultos presidenciales.
