La Comisión advirtió que quitar "eficacia a las penas puede llevar a la impunidad".
"La obligación de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede volverse ilusoria", añadió.
El organismo se pronunció un día después de que la oposición le pidiera objetar la controvertida decisión de la Corte Suprema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó "preocupación" frente al dictamen de la Corte Suprema que concedió libertad condicional a reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.
El organismo emitió un comunicado este viernes, desde Washington, un día de que partidos de oposición presentaran una solicitud para que se objetara la controvertida decisión del máximo tribunal.
En la declaración, la CIDH recuerda que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia".
Asimismo, da cuenta de que "la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad".
En este sentido, remarca que, según el sistema interamericano de DD.HH, las medidas "que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar".
"Para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben (...) asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos", añade el escrito.
Expresamos preocupación por otorgamiento de libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Lee más:https://t.co/QVn2aSeEFF
— CIDH (@CIDH) 17 de agosto de 2018
La nota incluye expresiones del relator de la CIDH para Chile, el comisionado Luis Ernesto Vargas, quien advierte que "el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad".
El comunicado enfatiza que al tomar una decisión de este tipo, además de sustentarla en convenciones nacionales que permiten que los ex internos se reincorporen a la sociedad, debe tomarse en consideración "la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares".
Según la comisión, también hay que revisar, entre otros factores "más exigentes", como que los inculpados hayan cumplido una parte considerable de la condena, que se considere saldada la reparación civil impuesta, además de que se reconozca la gravedad de los delitos de lesa humanidad.
La CIDH cierra emplazando a la Corte Suprema a realizar el "control de convencionalidad que está llamada a hacer" tomando en consideración los altos estándares locales en relación a violaciones a los DD.HH.
