El organismo solicita además al Estado a resarcir a los afectados.
"El Gobierno nunca tuvo la disposición de llegar a una solución amistosa", dijo el suboficial Mario González.
El caso por la muerte del general Alberto Bachelet es el único proceso abierto en la justicia por este tema.
Después de 10 años, la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó al Estado de Chile que investigue, juzgue y sancione a los torturadores de los ex oficiales de la FACh que sufrieron apremios después del golpe militar de 1973 por su apego a la Constitución y en defensa del Gobierno de Salvador Allende.
En 2003, cuando la Corte Suprema rechazó en dos ocasiones anular los consejos de guerra que condenaron entro otros al padre de la Presidenta electa Michelle Bachelet, el general de la FACh Alberto Bachelet, los oficiales y suboficiales sobrevivientes de las torturas y los apremios sufridos, recurrieron a la instancia internacional.
La CIDH señala que "deben establecerse las responsabilidades penales y/o administrativas a que haya lugar, por la omisión de investigar las torturas padecidas por las víctimas... que fueron puestas en conocimiento de las autoridades chilenas", además de un resarcimiento moral y monetario de parte del Estado, que, en caso de no responder a las recomendaciones, derivará en que la CIDH lleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Ha sido una larga espera que se nos anule la sentencia (de los consejos de guerra) y todas sus consecuencias posteriores que esta sentencia conlleva. A nosotros los compañeros lo hemos recibido con cautela después de tan larga espera, pero estamos en esta última instancia ansiosos al fallo que pueda dar la Corte Interamericana, ya que el Gobierno nunca tuvo la disposición de llegar a una solución amistosa", dijo el suboficial Mario González, uno de los demandantes.
Esta situación se da justo días antes de que la Corte Suprema acuda ante las Nacional Unidas y su Consejo de Derechos Humanos en Ginebra al denominado exámen períodico universal donde asistirá uno de los integrantes de la sala penal Hugo Dolmestch, la misma que en 2001 y 2002 rechazó en dos oportunidades la presentación de los ex FACh, señalando que no era posible anular el proceso 1-73, ya que se carecía de competencias para revertir casos incoados bajo el fuero militar.
En ese marco, la viuda del ex general Alberto Bachelet y madre de la Presidente electa, Ángela Jeria, se excusó de dar mayores comentarios, aunque dijo por alegrarse por los compañeros de armas de su ex marido.
"Me alegro mucho que se haya acogido, pero prefiero interiorizarme más antes de contestar, le ruego me disculpe", señaló.
La única investigación abierta por torturas, en contra del general Bachelet, la lleva el ministro Mario Carroza con dos oficiales recientemente acusados, en una causa que está cerrada su investigación.
