"No existe la posibilidad", dijo el ministro Sergio Muñoz.
Desde el mundo de los derechos humanos piden "voluntad política".
El Gobierno de Michelle Bachelet había encargado un estudio para analizar la factibilidad de esta opción.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aclaró este martes que los jueces "no pueden degradar" a los militares que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad como una forma de pena accesoria.
"Hasta donde yo tengo conocimiento, no existe la posibilidad por los delitos ordinarios de una pena accesoria de degradación", dijo Muñoz.
"No puedo emitir juicios (opiniones). Yo digo lo que existe y lo que no existe: no hay una atribución potestativa de parte de un magistrado de aplicar una pena accesoria o no. Lo que se está aplicando hoy es lo que está vigente", agregó el magistrado.
Según publicó en la víspera el diario La Segunda, el ministro de Defensa, Jorge Burgos (DC), instruyó al equipo jurídico de su cartera evaluar la factibilidad de quitar el grado militar a uniformados en retiro condenados por violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno buscaba estudiar si el marco legal permitiría -y de qué manera- ejecutar una iniciativa de esa naturaleza.
"Hay gente que tiene opiniones (sobre el tema), nosotros no lo tenemos como iniciativa (...) Llegará el momento frente a alguna consideración de petición oficial o algún mandato; habrá que analizarlo", había dicho Burgos el viernes al ser consultado por esta posibilidad.
Al asistir a la inauguración de la Fidae, esta mañana, Burgos desistió de referirse al punto, pero posteriormente habló que las definiciones las realizará la subsecretaría de las FF.AA.
"Estamos recabando información, hemos tenido ya bastante información, hemos tenido oportunidad de revisar la última que llegó. Una vez que la revise y si es que ha llegado toda la que creemos, tenemos que pedir algo más", indicó.
"Voluntad política"
Desde el mundo de los derechos humanos el abogado Boris Paredes asegura que para degradar a los militares condenados por derechos humanos que siguen manteniendo beneficios por su fuero militar, debe existir voluntad política.
"Sería bueno que alguna vez existiera voluntad política de quitarle los derechos a estos atropelladores de los derechos humanos. No es posible que gente que ha cometido este tipo de delitos –los delitos más crueles que se pueden cometer- sigan trabajando para la administración del Estado y sigan percibiendo una serie de beneficios. Aquí lo que falta es sencillamente voluntad política", manifestó Paredes.
