El 26° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a José Rubén Moil Palma, dirigente sindical que fue detenido y sometido a torturas en centros de detención y reclusión de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, entre 1973 y 1976.
"Son hechos ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad, contra los cuales no puede proceder oposición de excepción de prescripción alguna, sea por la vía penal, como la civil, por ofender a la humanidad en su conjunto, siendo ejecutado en el contexto de un ataque generalizado por parte del Estado y sus agentes contra la población civil", sostiene el fallo.
La sentencia da por acreditado que "el demandante sufrió por parte de agentes del Estado, secuestro, torturas, vejámenes, permanencia obligada en Isla Dawson sin justificación, entre otros actos, que implican delitos de lesa humanidad".
Finalmente, concluye que se acoge la demanda "consagrándose el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, lo que se reconoció en virtud de la Ley N° 19.123".