Fernando Álvarez Castillo (PC) murió en noviembre de 1973 luego de ser detenido en su casa tras el golpe militar.
Sergio Arévalo y José Puga fueron sentenciados a tres años de libertad vigilada.
El Estado fue condenado a pagar 360 millones de pesos a la viuda e hijos de la víctima.
El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, dictó sentencia condenatoria en la investigación por el delito de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos con resultado de muerte contra Fernando Álvarez Castillo, último intendente del Gobierno de Salvador Allende en la Provincia de Concepción, quien falleció el 8 de noviembre de 1973.
En la resolución fueron condenados el coronel en retiro de Carabineros Sergio Arévalo Cid y el suboficial del Ejército en retiro José Puga Pascua a penas de tres años y un día de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada, en calidad de autores del señalado delito.
En el marco de su investigación el ministro Aldana logró establecer que Fernando Álvarez Castillo, militante del Partido Comunista, fue detenido en su domicilio y trasladado a dependencias de la Base Naval de Talcahuano y desde ahí, hasta la isla de Quiriquina, lugar donde permaneció detenido hasta el 5 de noviembre de 1973.
Ese día, por orden del teniente general Washington Carrasco, fue trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, recinto donde fue sometido a torturas por personal de Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) y del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la III División de Ejército, apremios que le causaron la muerte el 8 de noviembre de dicho año.
Querellante espera apelación del Estado
En el aspecto civil el ministro Aldana condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 360 millones de pesos a la cónyuge e hijos de la víctima.
"Después de tantas mentiras oficiales: que murió en la Isla Quiriquina de un 'estrés postraumático', de una serie de vicisitudes, felizmente la Justicia coloca las cosas donde deben estar", reaccionó en diálogo con Cooperativa el abogado querellante Adolfo Montiel.
El jurista consideró que "el ministro (Aldana) hizo un trabajo excelente después de varios años".
"Esperamos que esto siga su buen curso, que la Corte de (Apelaciones de) Concepción confirme este fallo y luego la Corte Suprema, porque me imagino que el Estado va a apelar la sentencia por los daños morales", comentó Montiel.
