La Corte Suprema otorgó el beneficio a Alejandro Sáez Mardones, quien está condenado a presidio perpetuo.
Además anuncian que acudirán a instancias internacionales para revertir esta decisión.
José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fueron secuestrados y asesinados en marzo de 1985.
Las familias de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino rechazaron "con fuerza" la libertad condicional otorgada esta semana por la Corte Suprema a Alejandro Sáez Mardones por los crímenes del Caso Degollados.
A través de una declaración pública, los familiares sentencian que el beneficio otorgado por el máximo tribunal chileno "nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con fuerza y agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas por esa causa".
Alejandro Sáez Mardones fue condenado a presidio perpetuo por asociación ilícita, por los secuestros y homicidios de Parada, Guerrero y Nattino y por el secuestro de otras seis personas en marzo de 1985, además de estar involucrado en otros casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976.
Según la declaración, el informe psicológico de Gendarmería sobre Sáez Mardones "indica claramente que no hay en él conciencia del daño causado y sí permanencia en la justificación de su acción delictiva, siendo que en ambos casos lo contrario es requisito mínimo para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario".
Los familiares de Guerrero, Nattino y Parada además rechazan "la forma en que la Corte Suprema resolvió otorgar este beneficio: a puertas cerradas y sin reconocernos a nosotros, las víctimas, derecho a alegato".
"Nos sentimos perjudicados por el Estado, y repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, sino cada vez que se dan señales equívocas en materia de justicia con las violaciones graves a los derechos humanos", acusan las familias.
También anuncian que "nos reservamos la facultad de buscar la justicia en este caso, y en otros, en las instancias internacionales ante las cuales el Estado de Chile ha adquirido los compromisos de investigar, sancionar y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos".
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, manifestó que "es lamentable, sobre todo del punto de vista de las víctimas pero hay que decir que esa es la legalidad de hoy día. Mientras no se cambie esa legislación se trata a los criminales de lesa humanidad como delincuentes comunes".
