La Corte Suprema confirmó una sentencia que obliga al Estado a reparar económicamente a 659 víctimas de la dictadura.
El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema se adoptó en una decisión dividida, con dos votos de minoría que estuvieron a favor de la prescripción.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó al Estado de Chile a pagar tres millones de pesos a cada uno de los miembros demandantes de un grupo de 659 ex prisioneros políticos de diversos periodos de la dictadura.
La Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Juan Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Jorge Dahm y el abogado integrante Arturo Prado- ratificó la sentencia impugnada por el Fisco por considerar que las víctimas fueron efectivamente objeto de delitos de lesa humanidad.
La sentencia (ver archivo adjunto), que implicará al Estado un costo de 1.977 millones de pesos, apunta que la existencia de la Ley 19.992, que estableció pensiones reparatorias y otros beneficios a víctimas de la dictadura, "no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida de atentados a los derechos humanos".
"Se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley", indica el fallo, que se adoptó con los votos en contra del ministro Fuentes y el abogado Prado, quienes consideraron que en el caso se debió aplicar la prescripción de la acción civil.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, este "es un fallo muy importante", porque "la reparación en cuanto al daño psicológico, moral, la destrucción de familias que sufrieron miles de prisioneros políticos en dictadura están al debe aún con la justicia".
La representante de la organización de Derechos Humanos, sosuvo que "al menos se ha avanzado en el tema de la reparación económica, que es una parte de que el Estado le debe a estos chilenos y chilenas que pasaron por lo peor".
En Chile, según datos oficiales, unas 33.000 personas fueron torturadas y encarceladas por razones políticas durante la dictadura, período en que, además, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
