Un día antes de entregar la banda presidencia, la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, denunció ante la justicia cerca de 30 mil casos de torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet que constan en la Comisión Valech.
Así da cuenta este viernes el diario El País de España que detalla que la orden fue ejecutoriada por la subsecretaria Lorena Fríes quien afirmó al medio que "desde el Gobierno me autorizaron" a presentar la denuncia.
La Administración de Michelle Bachelet había presentado un proyecto para levantar el secreto de 50 años impuestos al Informe Valech, cuya comisión fue creada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
La denuncia presentada por Fríes será investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, detalló el medio español que acota que el magistrado "decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.0000 casos".
Así, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá definir si levanta el secreto de la comisión Valech de manera parcial o total o si finalmente será una decisión "caso a caso".
Según informó Fríes a El País, el Gobierno de Bachelet estaba por incorporar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que permitiera que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, "pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las víctimas", lo que no se logró antes del receso legislativo de enero.
Así, explicó que "lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".
Otra negativa de Campos
La ex subsecretaria contó que una de las iniciativas pensadas antes de terminar el Gobierno era crear una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia donde se pudieran revisar los testimonios rechazados en la Comisión Valech 2.
Sin embargo, sostuvo Fríes, "la autoridad (el exministro de Justicia, Jaime Campos) no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar".
"Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los ex presos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos".
Según Lorena Fríes, Jaime Campos se negó a firmar un decreto para crear una comisión permanente para escuchar a las víctimas de la dictadura. (Foto: ATON)
Fue así que Fríes presentó la denuncia. "Ante el cambio de Gobierno, me pareció que podía entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura".
"Utilicé el mecanismo de la denuncia, porque no tenía facultades para iniciar una querella", sostuvo la ex subsecretaria quien añadió a El País que "está claro que en los próximos cuatro años no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sentí con la responsabilidad de hacerlo".
Días después del cambio de mando, las miradas estuvieron puestas sobre el ex ministro Campos quien se negó a firmar -horas antes del cambio de mando- el decreto que trasladaría a los presos de Punta Peuco, terminando así con los privilegios carcelarios.
