El Tribunal Constitucional rechazó dos de las tres peticiones formuladas por parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de ley que elevó los requisitos para que violadores de derechos humanos accedan a libertades condicionales.
En un comunicado leído ante la prensa por la secretaria del TC, Mónica Sánchez, se indicó que "luego de debatir el asunto en sesiones ordinarias y extraordinarias de los días 20, 21, 24 y 27 de diciembre, el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional" adoptó su decisión.
"Por unanimidad, se rechazan los requerimientos respecto del articulo 3 bis, incisos primero, segundo letra a), y tercero, y del artículo 12", dentro del proyecto que "Sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece libertad condicional para los penados", con los entendidos que se indicarán en la sentencia", cuyos "fundamentos serán dados a conocer" a más tardar el 2 de enero de 2019.
En concreto, el TC resolvió mantener los requisitos de tener cumplidos dos tercios de la pena y haber colaborado sustancialmente con la investigación para poder postular y acceder al beneficio.
Eliminó el arrepentimiento público
El Pleno del TC sí acordó "acoger los requerimientos respecto del articulo 3-bis, inciso segundo, letra b), por lo que se declara inconstitucional el proyecto de ley en la parte que dispone" el requisito de "haber manifestado (el reo) su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares".
El resultado fue considerado "una victoria parcial" por el abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. En esa línea, anunció que se prepara para presentar nuevos recursos judiciales ante el propio TC.
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Desbordes insiste en inconstitucionalidad
Tras conocer la decisión, el presidente de RN, Mario Desbordes, aseveró que "yo lo lamento, creo de todo corazón que hay elementos inconstitucionales en esta norma, que tiene más un tinte de venganza más que del sano criterio jurídico que debería imperar en el Congreso".
"Por lo poco que se sabe del fallo, me gustaría conocerlo y ver cómo razonó cada ministro para llegar a estas conclusiones, que en mi opinión atentan contra una serie de normas internacionales, contra fallos de tribunales internacionales", recalcó.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, planteó que "este es un gran avance en contra de las libertades a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Los ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema siempre argumentaron que cuando ellos entregaban libertades era acorde a derecho, pero ya que ellos siempre pidieron que Chile tuviese normado y regulado la situación de libertades de genocidas, aquí lo tienen".
"Se cierran las puertas, ajustado a derecho, como les gusta hablar a los ministros, para salir en libertad", dijo.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, planteó que "habrá que intrepretarla, habrá que conocerla, que acercarse a los hechos y hacer los razonamientos correspondientes. Está superada la etapa de esa discusión, no es una cuestión de tranquilidad, es una cuestión de que sea zanjada la dificultad usando los recursos que tiene el Estado".