La defensa de René Riveros Valderrama y Francisco Pérez Egert dice que el sistema judicial antiguo no respeta garantías fundamentales.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusa que "la verdadera intención" es "dilatar el proceso".
La defensa de dos procesados por casos de derechos humanos presentaron requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) acusando "trato penal discriminatorio".
Con esto, se busca que se declaren como inconstitucionales una serie de normas que se aplicaron durante los proceso penales en su contra y que los tribunales dejen sin efecto sus investigaciones realizadas bajo el régimen penal antiguo, señala el diario La Tercera.
Este jueves, los magistrados escucharon los alegatos de la defensa y de seis querellantes, entre los que estaba una abogada que representa al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Uno de los casos, fue impugnado ante el TC por el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) René Riveros Valderrama, acusado por homicidio calificado en el marco de la Operación Cóndor.
El otro, fue presentado por el ex capitán Francisco Pérez Egert, investigado por la detención, secuestro y torturas en contra de Joel Gamalier.
Defensa argumenta vulneraciones a garantías fundamentales
Ambos procesados son representados por el abogado Jorge Montero, quien indicó en los requerimientos, presentados en julio y octubre pasado, que se les estaban vulnerando sus garantías fundamentales. Los escritos fueron declarados admisibles en agosto y diciembre pasado, lo que provocó que ambas causas fueran paralizadas en su tramitación penal.
De acuerdo al rotativo, en los dos casos, la defensa sostuvo que el Artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que declara que la investigación es secreta, "es contrario al debido proceso que se sostiene en el sistema procesal nuevo, cuya regla general es la publicidad para el imputado de toda la investigación".
También, manifestó que este artículo sirve "para obtener una forzada declaración judicial del inculpado o procesado, hecho que vulnera el derecho a igualdad ante la ley (...) y el derecho a guardar silencio".
Tras la audiencia de este jueves, Montero aseveró que "pretendemos que el juzgamiento que se haga a los acusados por infracción a los derechos humanos sea ceñido a la ley. Normalmente, la importancia que tiene esta materia ensucia lo que significa juzgar legalmente a una persona".
"Se está utilizando un sistema antiguo que es atrabiliario, que es troglodita, que permite con mucha facilidad que los jueces usen las pruebas de una manera arbitraria, muy libre para interpretarla y así condenan a personas mucho más fácilmente", agregó.
Este jueves se terminaron de escuchar los alegatos de todas las partes y la siguiente etapa es que el pleno adopte un acuerdo respecto de la materia, sin embargo, no existe un plazo para eso.
Acusan dilación
La abogada del Ministerio de Justicia Paulina Zamorano expuso a los ministros en la audiencia que lo expuesto por el abogado de los dos ex militares "lleva a concluir que estamos frente a un requerimiento que lo que busca es invalidar el sistema de procedimiento penal antiguo".
De igual forma, negó que en este proceso se hayan afectado los derechos del ex gante de la Dina y dijo que "acá los únicos derechos vulnerados son los de las víctimas y de sus familias, no los de René Riveros".
Por su parte, la abogada Alfonsina Pena, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, pidió al TC que se rechace el requerimiento de los procesados y acusó que la impugnación "solamente deja de manifiesto la verdadera intención que tiene el requerimiento: dilatar el proceso".
