El titular de Justicia dijo no tener elementos para afirmar que el Ejército se ha guardado información sobre DD.HH.
En el Senado se está discutiendo la idea de quitar el secreto a los antecedentes de la Comisión Valech.
El ministro de Justicia, militante del Partido Radical.
El ministro de Justicia, Jaime Campos (PR), se involucró en el debate instalado respecto de la credibilidad del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, a propósito de sus afirmaciones en cuanto a que la institución ha entregado toda la información que posee sobre casos de derechos humanos.
Campos fue consultado hoy por el asunto, que ha generado controversia luego de que su par de Interior, Mario Fernández (DC), dijera que "si el general Oviedo señala que la institución no tiene información, hay que creerle".
"Yo no tengo información o antecedente alguno que me permita afirmar si el Ejército tiene o no tiene más informaciones en materia de derechos humanos. Por tanto, por ahora tendré que creer lo que dice el señor comandante en jefe", afirmó Campos.
Durante esta jornada se conoció una dura carta abierta de la ex senadora Carmen Frei hacia el ministro Fernández, a quien atribuyó una "protección mal entendida" al Ejército. Sin perjuicio de ésta, el aludido refrendó sus declaraciones.
"El general Oviedo es el comandante en jefe del Ejército y él habla en nombre de su institución y da cuenta de lo que a su institución compete en la pregunta que se le hizo. Desde luego que hay que creerle, si él es el jefe institucional", señaló Mario Fernández.
Senado debate el secreto de la Comisión Valech
Durante esta tarde se reanudó, a puertas cerradas en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el debate del proyecto de ley que termina con el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes, testimonios y documentos de víctimas rendidos ante la Comisión Valech, al que el Gobierno le impuso discusión inmediata.
Al tema se refirió el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), quien demandó en forma "muy clara por que se respete la decisión de cada persona que haya prestado su declaración, pero no las obliguemos por ley, no lo permitamos por ley".
"Del momento que (los antecedentes) pasan a los tribunales de justicia pasan a ser públicos. No porque los tribunales de justicia quieran hacerlo público, porque si eso se utiliza para los efectos de comprobar un delito, tiene que dejarse constancia en el proceso y en la sentencia con nombre y apellido", agregó Zaldívar.
