Dos de ellos -Sergio Benavides y Manuel Vega- recibieron cadena perpetua.
El Estado deberá indemnizar a las familias de las víctimas con 510 millones de pesos.
Los casos incluidos en la sentencia ocurrieron entre septiembre y octubre de 1973.
El ministro en visita Mario Carroza condenó a siete militares en retiro por delitos de secuestro y homicidio calificado que tuvieron como víctimas a prisioneros políticos ingresados entre septiembre y octubre de 1973 al centro de detención de Pisagua, en la comuna de Huara, Región de Tarapacá.
Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado fueron condenados a presidio perpetuo en calidad de autores de tres delitos de secuestro calificado y ocho homicidios calificados.
En tanto, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a 15 años de cárcel por el secuestro y homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi.
Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a 10 años por su responsabilidad en tres secuestros calificados.
En el aspecto civil el fallo condenó al Estado de Chile a pagar, por concepto de daño moral, la suma total de 510 millones de pesos a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas.
Cómo ocurrieron los crímenes
En el marco de su investigación el ministro Carroza acreditó que los detenidos trasladados a Pisagua eran sometidos a golpizas para "ablandarlos" y se les obligaba a firmar documentos en blanco que eran llevados al fiscal militar Mario Acuña "con el sólo propósito de justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder solicitar en éstos condenas como la pena de muerte", que una vez impuesta se ejecutaba dentro de las 24 horas siguientes con fusilamientos.
Bajo este modus operandi, "el 19 de septiembre de 1973, en horas de las mañana, fueron sacados de sus celdas Juan Calderón Villalón, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Selin Nash Sáez, los que fueron ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar".
Tras esto "los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el Desierto de Atacama".
En tanto, "el 11 de octubre de 1973 fueron sacados de sus celdas los prisioneros Julio Cabezas Gacitúa, Juan Valencia Hinojosa, Mario Morris Barrios, José Córdova Croxato y José Humberto Lizardi Flores, quienes fueron ejecutados en un lugar cercano al cementerio con la vista vendada y las manos atadas, al margen de toda legalidad".
Su deceso "fue verificado por un médico y en el caso que sobrevivieran se les remató mediante tiro de gracia, luego de ello sus cuerpos fueron envueltos en arpillera y enterrados en una fosa común".
Justicia "bienvenida", pese a su "tardanza"
El fallo del ministro Carroza fue valorado por el abogado querellante Adil Brkovic, quien puso énfasis en el tiempo transcurrido desde los hechos.
"La Justicia siempre es bienvenida. A pesar del tiempo que ha transcurrido, representa un momento de mucha satisfacción para los familiares de las víctimas, que durante todos estos años –más de 40- han estado luchando por establecer la verdad, que fue ocultada durante la dictadura y posteriormente salió a la luz con el informe Rettig", dijo el jurista.
En un sentido similar se expresó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
"La situación de Pisagua es por todos conocida por su crueldad, y cuando uno observa que a los responsables directos de estos crímenes se les condena a cadenas perpetuas, cuando uno ve también que a otros tipos de responsables se les condena de forma contundente por la magnitud del delito, a nosotros, como organización, nos parece importante. Sin embargo, nunca podremos dejar de decir que la Justicia llega con mucha tardanza", señaló la activista.
