Familiares de 18 campesinos ejecutados en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, en octubre de 1973, cuestionaron las bajas condenas sobre 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de las víctimas.
Las condenas fueron dictadas el martes por el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
Las penas son de 10 años y un día de cárcel para los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán, por 12 homicidios calificados, mientras que por el delito de secuestro de otros seis campesinos se le sumarán cinco años y un día sin beneficios, y por inhumaciones ilegales serán 300 días más de condena.
Eso sí, las condenas de los militares serán en libertad vigilada, puesto que "la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores", indicó el ministro.
Los militares José Iturriaga, Jaime Müller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García fueron condenados por el delito de encubrimiento de homicidio simple de 11 víctimas a tres años y un día de cárcel, además de 541 días por la exhumación ilegal concretada en 1978 para hacer desaparecer los restos de los campesinos lanzándolos al mar.
Finalmente, Julio Reyes fue condenado a tres años y un día de cárcel por encubrimiento de 11 homicidios simples y 300 días por la exhumación ilegal, mientras que el suboficial en retiro del Ejército José Puga fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban.
La "Operación retiro de televisores" fue el nombre en clave que le dio la dictadura al desentierro de los cadáveres de los 18 campesionos, quienes fueron sepultados en fosas clandestinas en diversos puntos de Chile. Tras ser desenterrados, los cadáveres fueron lanzados al mar.
Bajas indemnizaciones, pero "importa la parte penal"
Además, el ministro Aldana resolvió la responsabilidad civil del Estado, ordenando el pago de 1.580 millones de pesos a los 27 familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en montos de entre 40, 50 y 60 millones de pesos.
"Las indemnizaciones igual son bajas de acuerdo a otras que el ministro ha dado. Yo no se en qué el ministro se habrá basado para esas indemnizaciones. A mí me importa la parte penal, me importa más la Justicia. O sea de verdad espero que la pena sea mayor, sea mayor tanto en el caso de Carabineros, porque en el caso de Carabineros, sí es cierto, las condenas son de 15 años, pero igual son bajas con respecto a que las victimas son 18", manifestó la vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados, Marina Rubilar.
No se descarta recurrir de apelación
A juicio de la abogada querellante Patricia Parra, no se tomó en cuenta que son 44 años en que hijos, hijas, esposas, madres, padres, hermanos y hermanas no han parado de buscar Justicia, por lo que no se descartar recurrir de apelación.
"No estamos hablando de familiares que hace poco hayan iniciado acciones judiciales; estamos hablando de familiares que desde el año 1973, desde que pierden a sus familiares, han buscado verdad y justicia para ellos", sostuvo la jurista.
"El tema de la indemnizaciones, claro, es un tema que también no guarda proporción con otras indemnizaciones que el mismo ministro ha fijado", agregó Parra, quien en cuanto a una eventual apelación dijo: "Mientras no seamos notificados, el actual fallo sigue en pie".
Los cuatro carabineros en retiro condenados a 15 años de cárcel por homicidio, iban a ser notificados la tarde del martes para comenzar las condenas.
