En el encuentro valoraron el compromiso de algunos jueces de avanzar en estos casos.
Además, manifestaron sus expectativas sobre el recién asumido Gobierno de Michelle Bachelet.
Lorena Pizarro se reunió este miércoles con el presidente de la Corte Suprema.
Representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron este miércoles con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para conversar sobre el estado actual de las causas de violaciones a los derechos humanos en Chile.
Luego del encuentro, la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, destacó la voluntad del Poder Judicial de profundizar en este tema, pero también recordó que falta mucho por hacer, especialmente en las sanciones a los crímenes de tortura.
"Ha existido una voluntad del Poder Judicial, de algunos jueces, de avanzar en esta dirección, eso sin duda que ha sido importante. Nuestra organización ha reconocido siempre el compromiso de algunos jueces en esto", señaló la dirigenta.
Pizarro añadió que, sin embargo, "falta mucho, creemos que también es un tema que debe investigarse el de la tortura en el país, en general. Fue un intercambio respecto a cómo avanzar en violación a los derechos humanos, para que nunca más".
Expectativas sobre el nuevo Gobierno
Las expectativas de avance en materia de derechos humanos también se han hecho extensivas al Gobierno de Michelle Bachelet ya que solicitan que los autores de crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus condenas en cárceles comunes.
La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, aseguró que "los condenados por violaciones de derechos humanos tienen que ir a una cárcel común".
La dirigenta destacó que "el Estado no puede estar gastando la plata de todos los chilenos para mantenerle un hotel a aquellos victimarios que cometieron los peores crímenes en 17 años. Sebastián Piñera dejó alta la vara (por) el hecho de haber cerrado el penal Cordillera, que era una afrenta a la sociedad".
Para Lira, el nuevo Gobierno deberá mostrar voluntad política para la tramitación de proyectos de ley como el presentado por los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Tucapel Jiménez (PPD), que plantea la degradación de militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
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