Cinco militares en retiro, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informó este viernes la página web del Poder Judicial.
En un fallo dividido, los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller votaron a favor de la condena a los militares, sin embargo, los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura optaron por la prescripción del caso.
En la sentencia definitiva, la segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres, a pesar de que a todos los otorgó el beneficio de la libertad vigilada.
El máximo tribunal sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arredondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blindada, Angel Torres Rivera.
A cuatro años fueron condenados el ex capitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el ex oficial Daniel Walker Ramos y el ex suboficial Leonardo Quilodrán Burgos.
En el 2009, la Corte de Apelaciones de Valparaíso los condenó a 10 años de presidio, además de aplicar la reclusión efectiva sin beneficios a los ex uniformados.
El caso, conocido como "Asalto a la Patrulla", fueron ejecutadas las victimas ocho personas, entre ellas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota y el abogado Rubén Cabezas, además del dirigente campesino Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado.
En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar una indemnización de 30 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas. No obstante, rechazó al mismo tiempo una demanda en contra del Estado por razones de incompetencia del tribunal.