José Antonio Gómez recalcó que es "muy poco razonable" el planteamiento hecho por el máximo tribunal, que el viernes no aceptó el cuestionamiento a la labor del Poder Judicial durante la dictadura.
El ex ministro de Justicia e integrante de la comisión que elaboró el Informe sobre Prisión Política y Tortura, José Antonio Gómez, calificó como "pobre" y "poco razonable" la respuesta elaborada por el Poder Judicial frente a los cuestionamientos a su labor durante dictadura.
"El país esperaba una declaración distinta del Poder Judicial", señaló el ex secretario de Estado, aunque valoró el hecho de que la Corte Suprema haya validado la realidad de las violaciones a los derechos humanos que describe el texto elaborado por la Comisión Valech, respecto a que en "esa época no hubo libertad y además tampoco hubo derecho ni justicia".
"Lo que sí parece muy poco razonable que la Corte Suprema haya declarado que, aún cuando hubieran actuado con la fuerza que requería la defensa de los derechos humanos, probablemente esto no hubiera tenido éxito. Creo que ese punto es muy grave, porque en definitiva lo que están diciendo 'es que no lo hicimos, pero si lo hubiésemos hecho habría dado lo mismo' y creo que esa forma de reacción y esa forma de reaccionar frente el Informe es un poco grave desde el punto de vista de la ciudadanía", sostuvo Gómez en entrevista con El Diario de Cooperativa.
Consultado respecto a si este organismo quedó en deuda con el país, el abogado señaló que creía "que sí", debido a que "este Poder Judicial que actúa en democracia, que lo está haciendo con libertad y que está cumpliendo sus tareas, podría haber señalando que en esa época efectivamente no se defendieron con fuerza y vigor los derechos humanos".
"Creo que eso lo hubiera ayudado mucho, habría levantado y enaltecido al Poder Judicial. Creo que una respuesta de esta naturaleza es pobre", añadió.
El viernes 10, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, leyó una declaración de dos páginas en la que se señaló que no se podía poner en duda la actuación del Poder Judicial durante la dictadura militar, debido a que se trató de un momento de excepción constitucional.
Entre otros puntos la declaración indica que "si bien en una perspectiva histórica distinta, es dable sostener que los tribunales pudieron tratar de llevar a cabo una acción más eficaz en la protección de los derechos individuales, no es menos cierto que las limitaciones de hecho y de derecho a que se vieron sometidos, y el pleno ejercicio de la función conservadora (de la institucionalidad) en aquella época, obligan a reconocer también que, probablemente, ello no habría tenido resultados significativos, tal como lo demuestra la experiencia universal sobre la real eficiencia del recurso de amparo en los casos de quiebres absolutos del orden institucional".
