La Corte Suprema condenó este viernes a tres ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) a 10 años y un día de prisión como autores del homicidio calificado de un militante del Partido Comunista ocurrido en 1986 en Santiago, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según el fallo (ver documento), los condenados, Manuel Ángel Morales Acevedo, Pedro Javier Guzmán Olivares y René Armando Valdovinos Morales, fueron los autores del asesinato de Marcelino Carol Marchandon Valenzuela y consideró que se trata "de un delito de lesa humanidad".
Marchandon, de acuerdo con la investigación del caso, fue detenido entre el 5 y el 6 de diciembre de 1986 por agentes de la CNI "después de haber sido entregado, según los antecedentes que obran en el proceso, por un ex militante del Partido Comunista, amigo de la víctima, quien era informante de la CNI".
Fue trasladado al Cuartel Borgoño, en el centro de la capital, donde fue "ejecutado en las cercanías de dicho lugar por miembros de dicho aparato de inteligencia".
La Justicia detalló que los miembros de la CNI trataron de aparentar en el lugar un presunto intento de asalto al cuartel por parte de Marchandon previo a su muerte, "escenario que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes", agregó la Suprema.
El informe de autopsia del fallecido consigna que la causa de la muerte es el traumatismo facio cráneo encefálico por bala y que registraba 10 impactos de bala y otros tantos por perdigones.
Fallo dividido y dos absueltos
La sentencia se resolvió en un fallo divido en la Segunda Sala de la Corte Suprema tras acoger un recurso de casación deducido en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, según el cual correspondía aplicar media prescripción, lo que fue desestimado por el máximo tribunal.
La sentencia también absolvió a otros dos ex agentes de la dictadura, Héctor Osvaldo Obal Labrín y Carlos Adrián Kramm Soto, al no haberse acreditado su participación en los hechos.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), conforme a cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
