El vocero del máximo tribunal descartó que la justicia esté "pagando una deuda" en este tema.
El juez Mario Carroza abrió la posibilidad de nuevos procesamientos en el caso de Alberto Bachelet.
Luego que fueran procesados los coroneles en retiro Edgard Ceballos y Ramón Cáceres como coautores del delito de torturas con consecuencia de muerte contra el general Alberto Bachelet y otras personas en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile (AGA), el vocero de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmestch, aseguró que solo se está cumpliendo con la misión de este poder del Estad.
Esto luego que el ministro en visita Mario Carroza, quien investiga el caso del general Bachelet, abriera la posibilidad de nuevos procesamientos.
Consultado por si el Poder Judicial empieza a pagar una "deuda histórica", Dolmestch sostuvo que "no sé si esa sea la señal, esa es una expresión concreta de lo que la Corte Suprema ha manifestado siempre, está dispuesta a resolver todos los asuntos que estén en su competencia y eso lo resuelven los jueces encargados y ellos deben estar imbuidos del mismo criterio, pero no es una orden ni es una señal, no es nada de la Corte Suprema".
Dolmestch aseguró que en la justicia "todo lo que esté denunciado se investiga con igual celo".
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| Dos ex altos cargos de la Fuerza Aérea fueron procesados como responsables de las torturas que sufrió el general Alberto Bachelet. (Foto: Archivo) |
Las nuevas investigaciones
Junto con el caso Bachelet, el otro que está siendo investigado por el Juez Mario Carroza es el caso sobre la muerte del cabo segundo de aviación, José Enrique Espinoza, detenido por personal de la FACH el 19 de octubre de 1973 en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos, trasladado a la citada Academia de Guerra y luego a la Academia Politécnica Aeronáutica, donde fue asesinado de un balazo el 26 de octubre de 1973.
Por otra parte, respecto a los formalizados Edgard Ceballos y Ramón Cáceres, el comandante Mario González, otro de los oficiales condenados por traición a la patria junto al general Bachelet, aseguró que los ex coroneles, después de 1975, integraron el Comando Conjunto, organismo de inteligencia en la dictadura cuyo objetivo principal fue la represión contra los miembros del Partido Comunista.
"Prácticamente ellos eran los que dirigían todo esto, controlaban todo esto. No era una cosa oculta al interior de la institución, esto se estaba haciendo y es por eso que actuaron con carta blanca prácticamente, provocando serios daños a toda la gente que pasó por la AGA, los que fueron condenados y los que fueron absueltos. Son daños que hasta el día de hoy siguen repercutiendo", aseguró.
González aseguró además que los coroneles en retiro "tenían una asociación ilícita dentro de la institución para operar y tenían chipe libre para actuar con el amparo obviamente del alto mando".
Antecedentes
En un episodio judicial previo, el 25 de septiembre del año 2009 la Corte Suprema condenó en primera instancia a Cáceres y Ceballos a la pena de tres años y un día con el beneficio de la libertad vigilada, por las torturas a 17 personas en la AGA, caso donde la justicia aplicó el criterio general del derecho internacional, ya que Chile aún no se ratificaba la tortura como delito de lesa humanidad, según lo recordó uno de los integrantes de la sala penal del máximo tribunal en esa fecha, Jaime Rodríguez Espoz.
"En ese fallo fue tomado con la aplicación del ius cogen, el Derecho de Gentes internacional, porque en ese momento no había una ley expresa que determinara que las conductas terroristas de lesa humanidad eran delito en Chile", detalló.
Ambos implicados en septiembre próximo dejan de cumplir la citada condena.
En otro episodio, en octubre de 2011, la justicia absolvió a Ceballos por torturas a 13 personas en Carahue y en noviembre del mismo año, lo liberó de la acusación por los homicidios en contra de sus ex compañeros de armas, Guillermo Bratti Cornejo, ex agente de la dirección de Inteligencia de la Fach (DIFA) y Carol Fedor Flores, informante del mismo grupo, cometidos en junio de 1976.
