Una juez australiana dejó este jueves visto para sentencia su decisión sobre una nueva demanda de libertad provisional de Adriana Rivas, la ex agente de Augusto Pinochet requerida en Chile por la desaparición de siete personas hace más de cuatro décadas.
El Tribunal Federal de Australia abordó el recurso de la defensa de Rivas en contra del fallo emitido en junio por un tribunal penal del estado de Nueva Gales del Sur que le denegó la libertad provisional.
"La juez (Jane) Abraham se reservó su fallo", dijo a Efe la abogada Adriana Navarro, que representa a las familias de seis presuntas víctimas de Rivas.
La abogada de origen chileno explicó que "normalmente los jueces tienen hasta tres meses para emitir un fallo, aunque en los casos que tienen que ver con la libertad de una persona lo hacen prontamente y esperamos que en este caso sea muy pronto".
Rivas pidió la libertad provisional poco después de ser detenida en febrero en Sídney, la capital de Nueva Gales del Sur, a raíz de una demanda de extradición de Chile.
Esta demanda de extradición se dirime en otro tribunal del Nueva Gales del Sur donde se celebrará una nueva vista el próximo 6 de noviembre.
Además de la decisión sobre la demanda de libertad provisional, que será en una fecha aun por determinar, Rivas está pendiente de otro recurso contra la decisión del fiscal general de Australia de extraditarla, cuya vista tendrá lugar el 1 de noviembre.
"Hay que entender que ella ya informó de que va a usar todas las posibilidades y todos los recursos posibles para objetar cada fallo que no sea a favor de ella. Si lo hace así, vemos que tenemos unos dos o tres años de audiencias", estimó Navarro.
Antecedentes del caso
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política del régimen de Pinochet (1973-1990).
Rivas trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura de Pinochet, cuando ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen.
La acusada vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.