El 13 de agosto de 1977, el coronel de Ejército Manuel Contreras miró por última vez las oficinas de la DINA, las instalaciones desde donde comandó el asesinato y desaparición de cientos de opositores a la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. Estaba convencido que era un intocable.
A él -pensó- jamás lo alcanzaría la justicia de Estados Unidos, la que ya lo buscaba por su papel en la planificación del atentado explosivo contra el ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, Ronnie Moffitt, asesinados el 21 de septiembre de 1976, en Washington, a sólo cuadras de la Casa Blanca.
El "Mamo" Contreras, quien esos años de poder absoluto llegó a crear incluso el Plan Cóndor, la coordinación represiva del Cono Sur, disponía a esa fecha de hombres leales en todas las estructuras del Poder Judicial.
De hecho, llevaba años dando instrucciones a los ministros de Justicia y escribiendo advertencias a los miembros de la Corte Suprema. También a cancilleres y jefes de prisiones. Él sabía que un poder de esa naturaleza no desaparecería de un día para otro.
Aún más, nada le hizo pensar en esos instantes finales que sus secretos serían encontrados décadas después en anaqueles olvidados del Estado. Que los vestigios de su intervención en el Poder Judicial asomarían cuando de él sólo quedaran cenizas y condenas inconclusas por crímenes de lesa humanidad.
Que su pretendida limpieza ideológica del Poder Judicial quedaría registrada en cientos de oficios y documentos encontrados por Corresponsal, décadas después.
Daba trato de "compañeros"
Lo cierto, a la luz de los documentos revisados, es que la persecución contra funcionarios sospechosos de ser leales al presidente Salvador Allende (1970-1973) comenzó a ejecutarse incluso antes de que el coronel Contreras iniciara sus operaciones para coaptar el Poder Judicial, entre 1974 y 1977.
Uno de los primeros actos de esta naturaleza ocurrió el 25 de octubre de 1973, cuando el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Lionel Beraud, se sentó en su escritorio y revisó la resolución redactada por el ministro Antonio Castro contra la secretaria del Juzgado de Yungay, Luz Matus Pincheira.
"Daba trato de 'compañeros' a los dirigentes marxistas de la empresa Maderas y Prensados Cholguán", leyó el magistrado, entre las acusaciones de aquel sumario administrativo zanjado pocas semanas después del golpe de Estado.
El dictamen, que fue enviado al Ministerio de Justicia como parte de la coordinación represiva, enumeró otra serie de rumores, para justificar la remoción de la funcionaria.
El alcalde de Yungay, Sergio Benavente, aseguró ante la Justicia que "personas responsables, que merecen fe, dicen que Luz Matus sería militante del Partido Socialista". La abogada María Eliana Loyola agregó que la vida íntima de la secretaria judicial "no estaba en concordancia con el decoro". El juez Hugo Sandoval disparó que su subalterna creía que el país caería en una dictadura.
La funcionaria, conminada a confesar sus ideas políticas, lloró y admitió que era simpatizante del derrocado presidente Allende. También relató que estaba desesperada, porque no tenía noticias de sus familiares desde el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado. "Somos todos de izquierda", dijo.
En Santiago, mientras el Ministerio de Salud coordinaba el retiro de cadáveres desde las calles, el Ministerio de Justicia comenzó a trabajar por primera vez en la redacción de una ley de Amnistía bajo la tutela del general Herman Brady, uno de los cabecillas de la asonada cívico-militar y el único oficial que se atrevía a tutear a Pinochet esos años.
La idea, desde un inicio, fue disponer de leyes y una judicatura que facilitaran la represión. Por eso se comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia en la selección de personal para las distintas estructuras del Poder Judicial.
En paralelo, el general Pinochet decidió articular un cuerpo de asesores castrenses que le ayudara a desplegar políticas públicas en todos los ámbitos de acción del Estado, pero con una marcada preocupación por la seguridad interna y la batalla geopolítica exterior.
Todo -empero- comenzó a desbocarse en los pasillos de los tribunales en 1974, cuando el coronel Contreras abandonó el campo de torturas de Santo Domingo, para convertirse en el oficial que lideró un millar de asesinatos y desapariciones dentro y fuera de Chile, desde las oficinas de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En definitiva, los años en que el Estado chileno, cual Al Qaeda, cometió atentados en Washington, Roma y Buenos Aires, a punta de explosivos y balazos.
Una contrapartida de desconcientización
El "Mamo", aquel alumno sobresaliente de la Escuela de las Américas en Panamá, como si no tuviera contrapesos, comenzó a ordenar el retiro selectivo de funcionarios desde los tribunales y Gendarmería, la guardia penitenciaria. Escribió órdenes a la Corte Suprema, a los ministros del régimen, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y también a la Cancillería y Defensa.
Cualquier desliz fue motivo para desatar la ira del hombre que en los albores del golpe de Estado controló el puerto de San Antonio, encarcelando y torturando incluso a una veintena de menores de edad, algunos del propio colegio en que estudiaba su hija, Mayte.
"¿Qué le podían preguntar a alguien de 15 años? No lo sé. Creo que les importaba un cuesco lo que dijeras sobre el centro de alumnos del liceo. Los interrogatorios se convirtieron más en un momento para probar los métodos para hacerte hablar. No había nada tan importante que un escolar pudiera decir. Te tenían de conejillo de indias, para entrenar a los futuros agentes de la DINA. Ahí estaba también el médico, Vittorio Orvieto, que autorizaba a seguir o no con las torturas que te aplicaban", recuerda de esos meses la entonces colegiala Ana Becerra.
Con ese poder inhumano, Manuel Contreras arremetió en febrero de 1974 contra Betsabé Soto, gendarme de la cárcel de San Antonio, ordenando su retiro. Fue la primera medida de ese tipo registrada en los oficios secretos encontrados por Corresponsal.
Su decisión, como jefe de Zona en Estado de Guerra, fue acatada sin reparos por el Ministerio de Justicia. Contreras creyó entonces que él era el segundo hombre al mando del país, después del general Augusto Pinochet, a quien se refirió siempre como "el Jefe Supremo de la Nación".
En esas semanas, y con miles de prisioneros políticos sobrepoblando las cárceles, los ministerios de Defensa, Interior y Justicia comenzaron a discutir la posibilidad de tener campos de detenidos exclusivos y permanentes para miles de opositores.
"(En estos recintos sería) factible hacerlos realizar trabajos que ayuden la situación socioeconómica de sus familiares y a través de esta labor y la colaboración hacia ellos (sic), se puede lograr una contrapartida de desconcientización", sopesó en esos intercambios confidenciales el secretario ejecutivo nacional de detenidos, el coronel Jorge Espinoza.
Los moldes más puros
En junio de 1974, con la creación legal de la DINA y los tribunales militares operando a tiempo completo, la dictadura pidió directamente a la Corte Suprema que dejara de revisar los fallos emitidos por la justicia castrense, a través de un oficio reservado.
"Por razones de orden práctico, y especialmente referentes a la seguridad nacional, se considera que no sería prudente hacer partícipe a la Excelentísima Corte Suprema cuando los tribunales militares entran en funciones por encontrarse el país, de hecho, frente a una guerra exterior", escribió el entonces ministro de Justicia, Gonzalo Prieto.
El funcionario, tras agregar que sólo al gobierno le correspondía calificar si el país estaba ante una confrontación bélica, aseguró a la Corte Suprema que las nuevas autoridades militares buscaban actuar con "los moldes más puros del Estado de Derecho".
Unos días después, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia, prometió estudiar la propuesta, sin deslizar mayores cuestionamientos.
En paralelo, el "Mamo" comenzó a instruir quiénes debían ser designados como funcionarios y jueces en las diferentes cortes del país, como una forma de garantizar su propia impunidad.
"La Dirección de Inteligencia Nacional sugiere la conveniencia de nombrar a la persona que se indica en la vacante producida en la secretaría criminal de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago", informó por ejemplo en 1974 el subsecretario de Interior, Enrique Montero, al Ministerio de Justicia.
Sin embargo, unos días después, incidentes judiciales en Linares enturbiaron por primera vez la relación entre militares y jueces, cuando sorpresivamente el magistrado Alfredo Sánchez intentó imponer su autoridad a la policía secreta.
Una manzana con veneno
El conflicto comenzó a gestarse a mediados de 1974, cuando el militante de Patria y Libertad Miguel Becerra Hidalgo, arrepentido de sus decisiones, se convenció de que debía abandonar la secta pedófila alemana de Colonia Dignidad, ubicada en Parral, Al sur de Santiago.
Becerra también quería dejar de ser informante de la Dirección de Inteligencia Nacional.
Es decir, pretendía desafiar al mismo tiempo el poder de dos de los criminales más peligrosos en la historia de Chile. Por un lado, el líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, y, por otra, el recién nombrado jefe de la policía secreta, Manuel Contreras.
Becerra, cegado por sus creencias, había arribado a Colonia Dignidad con un hijo de 13 años, de igual nombre. Pronto descubrió, sin embargo, que el supuestamente idílico enclave alemán era un infierno, donde los niños eran separados de sus padres y sodomizados por Schäfer, a veces a diario. Sometidos a electroshcks y drogados.
Consciente del celo de sus jefes, responsables de muertes, desapariciones y torturas incluso de menores de edad, Becerra optó por explicarles a ambos su intención de abandonar su papel como informante y emigrar de Chile, a algún poblado en Argentina.
Sus restos -como era de esperar- aparecieron el 29 de julio de 1974 en la carretera Panamericana, a 6 kilómetros de Linares, luego de que el antiguo militante de Patria y Libertad comiera una manzana envenenada con pesticida y que Schäfer quedara como tutor de facto de su hijo, a quien convirtió en su guardaespaldas con los años.
La abrupta muerte de Becerra desató una investigación a cargo del magistrado Alfredo Sánchez, quien, alertado por fuentes anónimas, pidió a Manuel Contreras antecedentes del caso y del destino de algunos opositores inculpados falsamente del delito, como Jorge Batarce y Mario Pereira.
En Santiago, Contreras entró en pánico. Nunca antes un juez había llegado tan cerca suyo. ¿Cómo era posible que supieran su nombre, su cargo y su dirección personal? Era un desastre para cualquier jefe de inteligencia, pensó.
Pero había otro detalle. El propio general Augusto Pinochet, escoltado por Contreras, debía viajar el 20 de agosto de ese año a la Colonia Dignidad, a supervisar la producción secreta de armas del régimen en ese enclave, el que sería utilizado los próximos meses como campo de detención y exterminio. También como centro de comunicaciones.
Ante esa situación, Contreras redactó un oficio urgente y exigió al juez que le revelara sus fuentes. El magistrado le respondió que no tenía informantes y que era su deber investigar el asesinato.
Para Contreras, aquella respuesta fue una declaración de guerra, una filtración inaceptable en una operación que involucraba incluso a Famae. Nunca antes un civil había desafiado su autoridad, la que a su entender emanaba directamente del general Augusto Pinochet, con quien el "Mamo" desayunaba a diario esos años.
El jefe represivo, ante la emergencia, volvió a redactar un oficio reservado, ahora dirigido al ministro de Justicia, acusando "las irregularidades" del juez de Linares.
"Da el nombre del director de Inteligencia Nacional en un documento público, sin tener autorización para hacerlo. Con esto vulnera en forma premeditada elementales medidas de seguridad", reclamó Contreras el 5 de septiembre de 1974, días antes del primer aniversario del golpe.
El mandamás de la DINA además cuestionó que el juez objetara que no se supiera el destino de las personas detenidas por sus hombres. "El juez de Linares no ha actuado con la discreción que corresponde", añadió.
La Justicia no podía pretender conocer el destino de los desaparecidos, según el decálogo del jefe represivo más poderoso en la historia de Chile.
Una incongruencia entre la juridicidad y la realidad
A mediados de septiembre de 1974, mientras terminaba de planificar el atentado contra el general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Contreras prestó atención a un nuevo problema que emanó desde los tribunales, tras los fallos masivos contra prisioneros políticos.
Los hombres y mujeres condenados por sus actividades partidistas y sindicales, en su mayoría por tribunales de guerra, podían acceder ahora a beneficios carcelarios que eventualmente les devolverían la libertad. La situación era inaceptable para Contreras, quien alertó de esa posibilidad al ministro de Justicia, el general de Carabineros Hugo Musante.
"Sea legal o reglamentario (...) aparece como una incongruencia entre la juridicidad y la realidad nacional", exigiendo una modificación de las normas jurídicas.
A fines de ese año, en línea con estas preocupaciones, la dictadura emitió un memorando secreto recordando además la necesidad de silenciar la existencia de presos políticos, debido a las presiones internacionales, en especial de Naciones Unidas.
"El Ministerio de Defensa dispone que a contar de esta fecha debe ponerse término a la utilización del concepto 'prisionero de guerra' en toda referencia que se haga a las personas detenidas o procesadas por los tribunales militares", escribió el general Óscar Bonilla, responsable de esa secretaría de Estado.
La decisión, por cierto, tenía como respaldo una resolución anterior de aquel régimen en la que se prohibió hablar de presos políticos y se obligó a denominarlos como prisioneros de guerra, expresión que luego también fue censurada.
Era tiempo de construir el olvido, los albores del negacionismo.
Funcionario cuestionado políticamente
El año 1975, que terminó con la creación del Plan Cóndor en Santiago, la iniciativa represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur, comenzó con la planificación de la caída de las direcciones del Partido y la Juventud Socialista, esta última liderada por el médico Carlos Lorca, quien permanece desaparecido hasta hoy.
Contreras, quien -por orden de Pinochet- ya era responsable de fiscalizar todas las contrataciones de funcionarios en el Estado, comenzó una intervención masiva en la guardia de prisiones, donde uno de sus hombres clave fue el teniente Orlando Manzo, jefe del centro de torturas de Cuatro Alamos en los inicios de la dictadura.
En esa operación, un interlocutor frecuente fue el ministro de Justicia de la época, Miguel Schweitzer, quien luego fungió como canciller de la dictadura.
Contreras temía, sobre todo, la presencia e infiltración de militantes comunistas en Gendarmería. Tampoco le agradaban los funcionarios que no eran leales a sus designios.
De esa forma, los nombres de agentes de las diferentes prisiones del país comenzaron a desfilar por la afiebrada máquina de escribir de Contreras, la que algunos años acumuló la redacción de más de 200 mil oficios.
Unos, como Juan Sanhueza, ex alcaide del presidido de Concepción, fueron acusados de otorgar un trato humanitario a los prisioneros. "Da múltiples facilidades a los reos políticos, quienes se comunican con sus familiares, libremente, a través del teléfono", reclamó Contreras.
Otros, como el teniente y jefe de guardia Francisco Fuentealba Riquelme, fueron apuntados como comunistas y delatados por tener "actitudes nocivas en su carrera funcionaria"
Luego vinieron las torturas contra algunos de esos sospechosos.
"No es posible comparecer"
El año 1976, marcado por la caída de sucesivas direcciones del Partido y las Juventudes Comunistas, fue el momento de máximo poder de Manuel Contreras. También su mayor descontrol ante el Poder Judicial.
Pinochet -durante el verano- escribió por su parte a los ministros del régimen, para que coordinaran acciones comunicacionales con la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos), como parte de la supuesta guerra sicológica contra el marxismo internacional.
En ese marco, el director de Cancillería Javier Illanes pidió apoyó al Ministerio de Justicia para elaborar un discurso que descartara la injerencia de la dictadura en el Poder Judicial, ante las acusaciones en desarrollo en el sistema de Naciones Unidas.
Sin embargo, los problemas de los tribunales con la DINA desbarataron todo intento de transmitir normalidad y el 10 de marzo de 1976 la Corte Suprema envió una carta al propio general Pinochet, el llamado Jefe Supremo de la Nación.
"La causa criminal (...) fue iniciada por Roberto Guajardo contra agentes indeterminados de la Dirección de Inteligencia Nacional que el día 24 de noviembre de 1974, a las 22:30 horas, después de detenerlo y conducirlo a Villa Grimaldi, le habrían disparado con arma de fuego en la mano izquierda", explicó el máximo tribunal.
Los ministros de la Corte Suprema agregaron que los agentes de la DINA se negaron a declarar ante el tribunal, desacato que fue respaldado por el gobierno, por escrito. El Ministerio del Interior contestó que "los servicios de seguridad trabajan en condiciones absolutamente secretas y no es posible que puedan comparecer ante un juzgado", detalló la misiva.
La DINA, sin inmutarse, y mientras comenzaba a planificar el atentado en Washington contra el líder socialista Orlando Letelier, continuó exigiendo el retiro masivo de funcionarios y alcaides de las prisiones de todo Chile, acusándolos de ser comunistas o tener tratos amables con los prisioneros políticos.
También insistió en la exoneración de jueces y funcionarios de los tribunales, como el oficial de Sala José Alfaro del Juzgado de Andacollo, a quien acusó de tener una "marcada tendencia marxista", lo que motivó una inmediata investigación de la Corte Suprema.
Los tribunales, en otro esfuerzo estéril, ordenaron suavizar las medidas de detención de algunos prisioneros. Pero fue imposible, la DINA rechazó aquella solicitud de la Corte Suprema.
"Cúmpleme expresar a US que no resulta posible acceder a tal petición por ser inconveniente para la Seguridad Nacional, en virtud de lo informado por la Dirección de Inteligencia Nacional", explicó por escrito el ministro del Interior, general Raúl Benavides.
Semanas después, tras una visita del presidente de la Corte Suprema a los Campos de Detenidos de Puchuncaví y Tres Álamos, la DINA nuevamente impuso su criterio, rechazando todas las solicitudes de libertad emanadas desde el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
En unos meses, sin embargo, ese poder iba a desaparecer, de un golpe.
Palabras prepotentes e insolentes
Faltaban sólo semanas para que el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, dinamitara el automóvil en que viajaban por Washington el líder socialista Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt.
Contreras estaba irritable y nuevamente un magistrado se interpuso en su camino, pretendiendo investigar las operaciones de sus agentes, ahora Osvaldo Romo, especializado en la persecución al MIR y la violación de mujeres.
Molesto, Contreras escribió al presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y reclamó que el juez Tomás Dahm hiciera "preguntas que son netamente de Inteligencia, para resguardo de la Seguridad Interior de Estado".
Sin embargo, nada detuvo a Dahm, un juez de perfil técnico y que a inicios de septiembre insistió en capturar a Romo, pero ahora apuntando a Manuel Contreras. "El juez dispone una serie de medidas a este Director de Inteligencia Nacional en un caso en el cual la DINA no ha tenido participación", mintió de inmediato el "Mamo" en un oficio destinado a la Corte Suprema.
"Sus palabras prepotentes e insolentes tratan de dejar establecido un hecho irreal", insistió el jefe represivo ante el máximo tribunal del país.
La Corte Suprema, tras una reunión urgente de su pleno, respondió a Contreras que las actuaciones de Dahm eran parte de sus atribuciones, pero instruyó al magistrado para que limitara el ámbito de su investigación, sin ahondar mayormente en las operaciones y estructura de la DINA.
"Para la mejor eficacia del servicio de inteligencia, el juez, después de requerirlas de quien corresponda, le remitirá sendas fotografías de los individuos que se dicen desaparecidos", acotó la misiva zanjada por la Corte Suprema.
Contreras volvió a ganar tiempo, décadas de impunidad.
Comisión de servicios
Aún con los ecos del atentado contra Orlando Letelier atravesando el clima político, Contreras volvió a dictar una orden, ahora exigiendo el ingreso de diversos hombres de Gendarmería a la DINA, a través de comisiones de servicio.
Uno de ellos, sin embargo, estaba destinado a cumplir funciones especiales. Era el cabo Lautaro Miquel, quien integraba el Destacamento Especial en los Tribunales de Justicia de Santiago. El militar quería oídos en todos los pasillos de la Justicia.
La operación, por cierto, fue aprobada por el gobierno.
En paralelo, Contreras, con apoyo de la Cancillería, reforzó el espionaje internacional y, tras el descabezamiento de los partidos políticos, apuntó sus operaciones hacia las organizaciones sociales, en especial el Comité Exterior de la Central Única de Trabajadores.
"Pretenden documentar abundantemente al senador Edward Kennedy con información contraria al gobierno militar" alertó el coronel Contreras, en un oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El año 1977, sin embargo, sería el de la desaparición de la DINA, debido a la presión de Estados Unidos y del fiscal Eugene Propper por aclarar los homicidios de Letelier y Moffitt, ocurridos en Washington.
El propio canciller chileno, vicealmirante Patricio Carvajal, debió enviar a Contreras un oficio secreto pidiendo un informe sobre el caso, ante la presión de la Casa Blanca. La respuesta fue trabajada por meses, de común acuerdo.
En ese marco, los días de Contreras y la DINA estaban contados, pero los espías que introdujo en los tribunales y la policía penitenciaría permanecieron por años al servicio de la inteligencia militar, desde entonces, y hasta el fin de la dictadura, coordinada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), heredera de la DINA.
Pero esa es otra historia.
