Cuestionamientos han surgido en el mundo político luego de que se revelara que el 10% de quienes reciben actualmente pensiones de gracia, por haber sido víctimas de la represión durante el estallido social, tienen prontuario policial.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló la última jornada que, de las 418 personas que perciben el beneficio pecuniario por haber sufrido lesiones, a modo de reparación por parte del Estado, 40 registran antecedentes penales: todos los casos informados fueron aprobados el año pasado, 17 en el entonces saliente del Gobierno de Sebastián Piñera y 23 en el actual de Gabriel Boric.
Los datos los expuso en la comisión investigadora sobre el procedimiento y los criterios para otorgar las pensiones de gracia relativas al estallido, de la Cámara de Diputadas y Diputados, que encabeza el UDI Henry Leal.
El legislador gremialista puntualizó que "ya sabemos que son 418 casos, también que el Gobierno del Presidente Boric duplicó el monto de estas pensiones desde que asumió; sabemos que hay 39 casos que son personas afectadas por lesiones leves y tienen una pensión de gracia de por vida, y que hay 40 personas beneficiadas que son delincuentes".
"No nos parece justo que se entreguen pensiones de gracia a personas que tienen prontuario policial", criticó.
El monto de la pensión de gracia se mide en ingresos mínimos no remuneracionales (IMM), que desde el 1 de septiembre alcanzó los 296.511 pesos, y se divide en tres niveles, de acuerdo con la afectación de la víctima, acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Reciben 1,0 IMM las "personas con lesiones leves, que hayan sufrido agresiones físicas (agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, que pueden causar daño físico)": actualmente son 39.
"Llama la atención que le hayan pasado más de 280 mil pesos (monto aproximado que correspondía hasta antes del último reajuste del salario mínimo) a personas que sufrieron una sacudida, que es zamarrear, que puede haber producido un daño físico, pero no permanente", aseguró el diputado RN Andrés Longton, integrante de la instancia.
"Es una lesión leve", insistió.
NI PIÑERA NI BORIC TUVIERON ACCESO A LOS EXPEDIENTES
La Subsecretaría del Interior es la cartera encargada de tramitar las solicitudes, y éstas son analizadas por una comisión asesora presidencial que recomienda si aprobarlas o rechazarlas.
Monsalve confirmó que ni Piñera en su momento ni Boric "tuvieron a la vista" los antecedentes penales, que tampoco son un requisito para el otorgamiento del beneficio. A nivel político, advirtió allí "un espacio de mejora en términos de cuidar la figura del Presidente de la República".
"Es un derecho adquirido en el marco de las facultades y de las obligaciones que se les entregaron a los gobiernos por una ley, que es la Ley de Presupuestos, donde también se respetó la totalidad del procedimiento establecido", agregó.
El subsecretario afirmó que las pensiones ya estregadas no serán revocadas y que, "en lo que a mí corresponde, vamos, por supuesto, a pedir de aquí en delante los antecedentes penales previos a la entrega de una pensión de gracia".
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que "la manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto, el Presidente no tiene acceso a ese expediente, y en consecuencia, es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la Subsecretaría del Interior".
"INDIGNA", DICE PRESIDENTE DEL SENADO
"¿Es razonable que alguien que tenga antecedentes penales reciba pensiones de gracia de parte el Ejecutivo?", preguntó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), apuntando que "es un problema que hemos intentado abordar de distintas formas, y se aborda anualmente en el Presupuesto".
En esa línea, dijo, "espero que este Presupuesto (2024) tenga reglas mucho mejores para evitar estas situaciones que con toda razón indignan a los chilenos".
En tanto, quienes sufrieron "lesiones graves (extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problema mandibular), agresión sexual (desnudamiento) y personas con afectación psicológica (crisis de angustia, ideación suicida, inseguridad, etcétera)", que son 221 personas, perciben 1,5 IMM, que hoy ascienden a 444.766 pesos mensuales.
En tanto, a las víctimas con "lesiones gravísimas (trauma ocular irreversible, violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encéfalo craneano)", que son 158, el Estado entrega pensiones mensuales de 2,0 IMM, equivalentes a 593.022 pesos. De los beneficiados totales con este monto, uno está prófugo de la Justicia en una causa donde se le requiere por estafa.
