Organismo encargado de la reducción de condenas propuso cerrar el penal Cordillera.
De concretarse, también se moverá a Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff.
La Comisión de Reducción de Condenas, presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Amanda Valdovinos, entregó un informe en el que recomendó cerrar el penal Cordillera y trasladar a sus internos, entre los que está el ex director de la DINA Manuel Contreras, al de Punta Peuco.
El penal Cordillera ha estado marcado por la polémica, pues en 2005 se creó para acoger a Contreras y otros ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos vinculados a la DINA, como Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, lo que fue visto como una cárcel "a la medida".
El documento firmado por la ministra Valdovinos y respaldado por los 11 integrantes de la comisión -en la que está incorporado también el seremi de Justicia metropolitano, José Ramón Gutiérrez- se basó en una visita a Punta Peuco efectuada el 13 de noviembre pasado.
Entre las conclusiones, expresa que su dotación de 82 funcionarios "no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera, y que al día de la visita contaba con cupos e instalaciones suficientes".
"Su población penal asciende a 44 internos, cuya calidad común es la de ser oficiales y suboficiales en retiro del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería que purgan altas penas por delitos de gran connotación pública, como homicidio calificado y secuestro calificado", expresa el informe.
Agrega que "se alojan en habitaciones individuales con baño privado y cuentan con comedores, salas de lectura, cancha de tenis, salas de ejercicios y amplios jardines".
De acogerse la recomendación de la comisión, quedarían juntos en un mismo penal todos los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, tanto de la DINA como de la CNI, entre los que ya se cuentan en Punta Peuco Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel.
"Las autoridades deciden"
La ministra Valdovinos se refirió a este tema resaltando que "son las autoridades las que tienen que tomar las decisiones, y no la comisión", que sólo hizo una sugerencia.
"Nosotros, como comisión, no necesitamos hacer informes, pero hay algunas conclusiones; sobre todo en relación con la forma en que se está llevando la vida al interior de ciertos penales. Eso es todo", dijo.
Por otro lado, dicho estilo de vida que se lleva en la mentada prisión es algo que ya "se ha dicho en varias oportunidades", dijo Valdovinos.
"Los militares no son presos"
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, opinó que esta recomendación es una buena señal, aunque no suficiente: "Deberíamos entrar en el debate real y definitivo sobre el cierre de estos dos penales tan particulares y avanzar en que los criminales de delitos contra la humanidad tienen que cumplir condenas en cárceles comunes".
Desde la Corporación 11 de septiembre, su presidente, Juan González, opinó que no se debe aceptar tal recomendación: "Eso sería una de las tantas injusticias que se están cometiendo con ellos".
"Me parece triste lo que está pasando con nuestros prisioneros militares, porque los militares no son presos, los presos son los delincuentes", señaló González.
Por otro lado, "Cordillera está mucho más cerca del Hospital Militar", dijo el ex uniformado.
