El exmilitar Ricardo Tobar contó que un mes antes del golpe intentaron advertir a dirigentes políticos, sin embargo, fueron detenidos y torturados en la Cárcel de Valparaíso.
La abogada de los uniformados destaca que "este caso es políticamente complicado, porque certifica que empezaron las torturas sistemáticas en democracia".
Decenas de marinos chilenos intentaron destapar el golpe militar de 1973 un mes antes de que se produjera, pero la cúpula naval secuestró y torturó a muchos de ellos para silenciarlos: son los denominados "marinos antigolpistas", que siguen luchando por hacer justicia 50 años después.
"Estuvimos en el campo de concentración hasta mayo de 1974. Hasta entonces, nuestras familias no sabían ni si estábamos vivos. La brutalidad con la que nos trataban era terrible. Después fuimos a la cárcel a cumplir la condena que nos aplicaron las Fuerzas Armadas", recuerda a EFE Ricardo Tobar.
Tobar, al igual que decenas de compañeros, fue acusado por presuntamente formar parte de un movimiento organizado para informar al Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) sobre las pretensiones golpistas de las Fuerzas Armadas.
"Después de décadas, revives todo lo que pasó. En mi caso, estoy recibiendo atención psicológica por la angustia en los sueños, me cuesta dormir", explica el exmilitar.
"Vamos sanando gracias a la lucha por hacer justicia, aunque por ahora es un fracaso, porque no hemos conseguido nada", añade.
La inmensa mayoría de la cúpula naval chilena era de "extrema derecha golpista" mientras que las tropas eran mayoritariamente favorables al Ejecutivo socialista o al orden democrático vigente, según el historiador Jorge Magasich, experto en la etapa allendista.
"Desde la victoria de Salvador Allende en 1970, los gestos contrarios al Gobierno van aumentando entre los oficiales. Los discursos pasan de ser técnicos a tener cada vez mayor carga política", explicó a EFE Magasich.
En 1973, y tras varios avisos previos, los marinos creyeron que el golpe militar vendría el 8 de agosto, y lograron entonces reunirse con varios representantes de partidos de la izquierda, pero sin llegar a un consenso para responder a un posible alzamiento militar.
La amenaza de un golpe el 8 de agosto era real, destacó Magasich, aunque al final no se consumó, pero la cúpula naval ordenó las detenciones contra los "marinos antigolpistas" para quitarse de en medio posibles resistencias a la sublevación que preparaban.
Uno de los principales centros donde encarcelaron a los marinos fue la cárcel de Valparaíso, que semanas después se convertiría en un centro de torturas sistemáticas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Había civiles entre los detenidos, profesionales, médicos, que nos ayudaban psicológicamente a recomponer nuestro estado anímico tras los maltratos. Fue terrible", relata Tobar, quien fue condenado después a tres años de cárcel, que cumplió íntegramente. Un día, agregó, "nos pusieron en el paredón, dispararon y no sabía si estaba vivo o muerto".
Para Magasich, las declaraciones extraídas de las torturas buscaban inculpar al Gobierno de Salvador Allende un presunto plan para hacerse con el control del país y acabar con la democracia, conocido como "Plan Z", que incluía el bombardeo indiscriminado de la bahía de Valparaíso.
"Era una invención para justificar la sublevación militar de septiembre", remarcó.
Desde 2008, una demanda colectiva busca justicia para los marinos, pero el proceso es lento y existe el riesgo de caer en "impunidad biológica" si los procesados mueren por su elevada edad, sostuvo a EFE la abogada de la mayoría de los querellantes, Magdalena Garcés.
"La Armada ha sido difícil de investigar en denuncias de vulneraciones de derechos humanos, siempre han defendido a su gente. Además, este caso es políticamente complicado, porque certifica que empezaron las torturas sistemáticas en democracia a su propia gente", dijo Garcés.
Los denunciantes no descartan acudir a instancias judiciales internacionales, pero esa vía puede tardar más de una década en lograr una resolución, y es complicado acudir a ella sin agotar antes todos los niveles de apelación en la justicia chilena.
"Se están muriendo sus compañeros, hay frustración y cansancio, pero mantienen ánimos de justicia", remarcó la abogada.
Tobar quiere que el Estado chileno reconozca lo que hizo, pero con una reparación "concreta".
"Fuimos expulsados de la carrera militar cuando íbamos por buen camino. Reconocernos con el máximo cargo que habríamos conseguido, y tener una retribución equiparable a esa posición, sería una forma de hacer justicia", defendió.
"Las palabras de perdón solo sirven para el relato del presidente de turno, no para nuestra historia como marinos", concluyó.
