"Yo no dicté ese procedimiento", afirmó el subsecretario del Interior.
Respondió así al informe de la Contraloría que acreditó compensaciones a 58 condenados por diversos delitos, incluidos crímenes graves.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció este jueves que hubo un error "grave" en las pensiones de gracia mal otorgadas en el marco del estallido social de 2019.
La autoridad respondió al categórico informe de la Contraloría General de la República (CGR) que acreditó irregularidades en decenas de casos.
El documento acreditó que 19 expedientes de beneficiarios de las compensaciones, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos.
"O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019", indicó el análisis de la CGR.
Asimismo, 58 de los 419 beneficiados "tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos", según la CGR.
Entre ellos hay condenados por estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros delitos.
En algunos casos los beneficiados suman hasta 10 condenas.
Al respecto, Monsalve afirmó que "nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido; por lo tanto, es un hecho grave".
No obstante, el subsecretario garantizó que "se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales".
"Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento", afirmó, defendiendo su gestión de las críticas de la oposición.
"Yo sí dicté un procedimiento, la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que cuando se vaya a otorgar una pensión de gracia exista la obligación de presentar los antecedentes penales; por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto", enfatizó.
Con estos antecedentes, el diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre las polémicas pensiones de gracia, dijo que la derecha no descarta interpelar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y le pidió al Gobierno suspender todos los pagos de las compensaciones hasta que haya una revisión más exhaustiva y una revocación de los casos mal entregados.
Mientras que la diputada Lorena Fries (CS) señaló que "todo esto lo único que ha hecho es contribuir a relativizar el tema de los derechos humanos en Chile. Frente a una violación de DDHH, el Estado tiene la obligación de reparar, es independiente de los antecedentes penales que puedan tener esas personas".
