El organismo solicitó evitar ciertos atenuantes o beneficios penitenciarios en las condenas.
También sugirió que ninguno de estos casos sea sometido a la jurisdicción militar.
La ONU lamentó el hecho de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo en Chile.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió a Chile que evite aplicar ciertos atenuantes o beneficios penitenciarios en las condenas por desapariciones durante la dictadura, y también que ninguno de estos casos sea sometido a la jurisdicción militar.
En el examen periódico del comité sobre Chile, cuyas conclusiones se publicaron este martes, se recomienda al Gobierno que "adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito".
El comité notó "con preocupación" que en algunos de estos casos se aplicaron atenuantes tales como la "conducta anterior irreprochable", o que se sustituyeron penas de prisión por libertad condicional.
También lamentó el hecho de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo en Chile, aunque en este sentido hay un proyecto de reforma del Código Penal que sí lo haría, por lo que el comité pidió a las autoridades chilenas que se acelere esa iniciativa legal.
Por otro lado, llamó la atención de que aún no se hayan iniciado procesos judiciales en 355 casos de secuestro, detención ilegal, aplicación de tormentos y desapariciones reconocidos (frente a 834 causas sí abiertas).
"Lentos avances" en casos ocurridos en democracia
Aunque la mayoría de los casos se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet, el comité lamentó asimismo los "lentos avances" en la investigación de cuatro casos de desaparición forzada posteriores a ese período, y el hecho de que esas personas no hayan sido localizadas.
El comité de Naciones Unidas recomendó por último que se aceleren las pesquisas relativas a sustracción de menores en Chile, donde las autoridades investigan el robo de 341 niños (279 durante la dictadura).
El examen periódico de Chile ante el comité se celebró los días 9 y 10 de abril, y la delegación chilena estuvo encabezada por la subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren.
