El reciente fallecimiento de Juan Aliste vega, exlautarista condenado a 42 años de cárcel por el aseisnato del cabo de Carabineros Luis Moyano, volvió a encender el debate por los indultos por razones humanitarias, luego que sectores del oficialismo se mostraran dispuestos a evaluar su caso y plantearan aplicar el mismo criterio para condenados por violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Aliste se produjo este domingo, a solo días de haber solicitado un indulto humanitario al Presidente José Antonio Kast debido a que padecía un cáncer terminal con metástasis.
El recluso permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago. Ante su delicado estado de salud, su defensa solicitó formalmente a los tribunales que pudiera pasar sus últimos días en su domicilio junto a su esposa e hijos. Sin embargo, dicha petición fue rechazada tanto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como por la Corte Suprema.
"Cuando se hizo la solicitud de indulto, era porque (Aliste) entró a una fase mucho más complicada (de su enfermedad). De hecho, cuando se cierra la primera posibilidad, o una de las posibilidades donde se decide hacer esta presentación de indulto, para él nunca fue una prioridad", explicó su abogado, Ricardo Bravo.
"Él estaba desde hace bastantes meses en el hospital penitenciario, no puede existir un peligro para la seguridad de la sociedad y eso es una crítica que yo constantemente he hecho. Aquí hay una discusión más importante, que no he escuchado a ningún actor político hablar: ¿Por qué Juan Aliste llegó en ese estado de salud sin poder ser tratado en estas condiciones?", enfatizó el defensor.
Debate por indultos humanitarios
La solicitud y posterior muerte de Aliste abrieron una amplia discusión sobre la procedencia de los indultos por enfermedades terminales. El Partido Republicano había respaldado previamente su requerimiento -apuntando a un indulto humanitario de carácter transversal-, mientras que en Chile Vamos se desprenden posturas similares.
"Los indultos deben verse caso a caso, independientemente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal, o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de la familia", argumentó la diputada Ximena Ossandón (RN).
"Justicia no es venganza. Esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad", señaló la vicepresidenta de la Cámara.
FA: "Una ofensa a la democracia"
Desde la oposición, el diputado Jaime Bassa (FA) manifestó su preocupación ante el precedente que este tipo de discusiones pudiera abrir la posibilidad de beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Ni siquiera los más graves delitos comunes, como un asesinato, pueden compararse con los delitos de lesa humanidad. Aliste Vega no recibió indulto presidencial y esperamos que tampoco lo reciban aquellos violadores de derechos humanos que han cometido los crímenes más graves que conoce nuestra historia", aseveró el parlamentario.
"Indultarlos es una ofensa a la sociedad, es una ofensiva a la democracia, no solo a sus víctimas. Y esperamos que tanto el Presidente y el Gobierno no cometa tremenda injusticia", puntualizó el abogado.
Respecto a las medidas preventivas para el funeral de Aliste Vega, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que se están adoptando resguardos, pero que no se espera un eventual funeral de alto riesgo.
