Amnistía Internacional, Acnudh y el INDH destacaron el fallo de la Corte Suprema.
Jorge Aravena murió tras estar ocho horas en furgón policial con falta de ventilación y oxígeno.
Organismos de derechos humanos calificaron como una "excelente noticia" la decisión de la Corte Suprema de que sea la Justicia civil la que finalmente se encargue de la investigación de la muerte de Jorge Aravena, quien falleció en Rancagua al interior de un furgón policial.
La decisión del máximo tribunal fue valorada por Amnistía Internacional (AI) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
"Consideramos que este fallo es una excelente noticia, que da una señal más de la importancia de que en Chile las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por militares o carabineros en contra de civiles sean vistos ante la justicia ordinaria y no militar", señaló la directora ejecutiva en Chile de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que "el Estado chileno ha asumido el compromiso de modificar su justicia militar, con el fin de excluir a los civiles de dicha jurisdicción".
"Esperamos que este positivo avance impulse una reforma a la justicia militar, para ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos", comentó el representante regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.
La muerte de Aravena
El deceso de Jorge Aravena Retamales se produjo en febrero. El comerciante fue arrestado por carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua y subido a un furgón policial, lugar donde murió tras estar ocho horas en su interior, con falta de ventilación y oxígeno, pese a que el fiscal de turno había ordenado su libertad.
A raíz de esta muerte, el INDH presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Rancagua por tortura con resultado de muerte contra quienes resultaran responsables, acción que sirvió ahora para que la Corte Suprema derivara el caso hacia la Justicia civil.
"El Estado de Chile debe limitar la justicia militar, tal como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Es algo que como Instituto venimos señalando desde nuestra creación en 2010", señaló la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries.
