El director de la PDI, Héctor Espinoza, descartó algún error procedimental al momento de ir a detener al oficial en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) Carlos Alberto Rey Cortés por un crimen vinculado a los Derechos Humanos, quien se suicidó en su domicilio de la comuna de Las Condes.
"Los funcionarios se contactan con la persona. Él pidió autorización para cambiarse de ropa, para vestirse y ducharse y a los minutos después apareció la esposa llorando diciendo que se había quitado la vida cuando estaba en el baño", detalló.
Espinoza indicó que "uno no puede evitar que la gente se cambie de ropa, se duche antes de ser detenida, está en su derecho. Cuando una persona quiere quitarse la vida, no hay forma de evitar eso".
Rey Cortés, de 71 años, fue procesado el pasado 11 de octubre por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes por el homicidio de Arturo Díaz Jiménez, ocurrido el 1 de enero de 1974 en la población La Victoria.
La institución investiga si los protocolos tomados por la Brigada de Derechos Humanos -quienes realizaron el procedimiento- se hicieron como corresponde en esta orden de detención, aclarando que no habrá un sumario administrativo.
En tanto, el abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Raúl Meza, aseguró que pedirá que se investigue si se cumplieron o no los protocolos.
"Los ministros en visita que llevan estas causas judiciales aún no entienden que el acto de notificación de un auto de procesamiento es un acto de suyo agresivo y extremadamente violento para personas mayores de edad y con alta vulnerabilidad psicológica", afirmó.
Anunció que "vamos a solicitarle al presidente de la Corte Suprema (Hugo Dolmestch) para que inicie una investigación".
AFDD pide medidas para "evitar que evadan la justicia"
Este caso se suma a al menos otros siete de ex uniformados de las ramas castrenses que se han suicidado antes de enfrentar a la justicia por los crímenes cometidos en la dictadura de Pinochet, siendo uno de más emblemáticos el de Odlanier Mena, ex jefe de la CNI, en 2013.
Ante estas situaciones, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, también pidió revisar la actuación policial.
"Lo que más lamento es que las familias nunca pudieron ver justicia y quizás aquí lo que hay que poner es una mayor preocupación respecto a cómo actúan las policías cuando van a detener a estos sujetos, que todos sabemos que tienen una preparación, que manejan armas. Entonces, aquí hay que tomar medidas que permitan evitar que ellos evadan la justicia de esta manera", aseguró.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, descartó que lo sucedido pueda reabrir el debate por un eventual cierre de Punta Peuco.
"No creo. No podemos ni normar ni legislar en función de situaciones de la coyuntura. Estas son situaciones que guardan relación con la persona involucrada. Él habrá tenido sus motivos, los ignoro e, insisto, es lamentable el que haya sucedido", sentenció.
