Ante las críticas surgidas desde el oficialismo, el Gobierno insistió en que se revisarán al menos 50 casos de beneficiarios de pensiones de gracia, ya que las personas beneficiadas presentan antecedentes penales.
La decisión anunciada por el Presidente Boric de revocar estos beneficios fue cuestionada a través de Twitter por el diputado Boris Barrera (PC), quien la calificó como una "aberración sin precedentes" y que "perpetúa la impunidad" de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
A estas palabras se sumó Matías Ramírez (PC), quien planteó que "es un error abrirse a revisar el otorgamiento y dicha revisión puede constituir un acto ilegal y arbitrario a la luz de los compromisos del Estado chileno en materia de reparación a victimas de violaciones a los derechos humanos".
En El Primer Café, la diputada Emilia Schneider (CS) aseveró que "no comparto la revisión de las pensiones de gracia, sí creo que se tienen que tener presentes los antecedentes penales, pero presente, ojo, creo que en la entrega de este tipo de reparaciones no tiene que ver con la calidad moral de una persona".
"Si uno lo mira en la experiencia comparada con los estándares internacionales, va más o menos en esa línea. Estoy de acuerdo que podríamos revisar el reglamento con el cual se entregan las pensiones de gracia y establecer que se tengan presentes estos antecedentes. No comparto, creo que puede ser un problema para el Estado, pero esta es una facultad del Presidente, del Gobierno, y en ese sentido yo soy una diputada de Gobierno", añadió.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, replicó que "versus cualquier decisión pública genera puntos a favor y resistencia, el Ejecutivo da explicaciones, el Presidente las dio por qué se va a abordar y de qué manera, y del Ministerio del Interior en particular que ha estado a cargo de la evaluación de cada uno de sus expedientes".
"A mí me parece que el Ejecutivo ha sido muy preciso respecto de qué asunto: primero, tiene que ver con la competencia, un asunto que el Ejecutivo ha sido claro desde el principio, y lo segundo, que el Ejecutivo ha ido estableciendo cuál es el criterio", puntualizó.
TOHÁ: NO SOLO HAY QUE PONDERAR LOS ANTECEDENTES PENALES, SINO TAMBIÉN EL DAÑO CAUSADO
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas y señaló que no comparte lo que dijo el diputado Barrera sobre que era una "aberración sin precedentes", pero sí se encuentra en el criterio que plantea.
"En el sentido que lo que hay que ponderar aquí no solo son los antecedentes penales, sino también el daño causado. No es un elemento decir que de per sé los antecedes penales dejan a una persona fuera de la posibilidad de ser compensada cuando ha sufrido un daño severo, pero sin duda es una ponderación, no es algo automático, que directamente signifique que es incompatible cualquier antecedente penal con un beneficio de este tipo", reparó la secretaria de Estado.
No obstante, las críticas llegan desde Apruebo Dignidad porque desde el Socialismo Democrático, la otra coalición de Gobierno, apoyan la revisión del beneficio.
"A todos nos causó cuidado, molestia inclusive, el detectar que hubieron delincuentes que estaban condenados por distintos actos ilícitos que tuvieran una pensión de gracia, un beneficio que están esperando los pescadores, los mineros que tienen silicitos", sostuvo el diputado independiente Cristian Tapia (PPD).
En esa línea, el integrante de la Comisión investigadora de Pensiones de Gracia, indicó que "encuentro válido que el Gobierno haya encontrado un resquicio legal para terminar y quitar este beneficio a estas personas. Creo que aquí no se está vulnerando ningún derecho ni tratado".
REUNIONES EN CASA DE ZALAQUETT
Sobre el otro flanco de polémicas que enfrenta el Ejecutivo, las reuniones en la casa de Pablo Zalaquett, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, registró una tercera cita, la que se llevó a cabo el 19 de octubre, y en las que se trataron temas de cambio climático y pérdida de biodiversidad.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que "por el momento, nosotros en el fondo estamos tranquilos de que aquí no hay nada que escape sobre la ley vigente, hay obviamente un juicio respecto a la forma y por eso muchos han estado subiendo a las plataformas reuniones que en su momento dijeron por forma no correspondían, pero hoy día lo están haciendo y luego vamos a tener que discutir con el parlamento, con expertos y también ante los medios de comunicación, cómo modernizamos esta legislación".
