El magistrado José de la Mata, de la Audiencia Nacional, elevó la solicitud al Tribunal Supremo del país.
Afirmó que en Chile "no existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido" en 1976.
El diplomático español, quien trabajaba en la Cepal, fue secuestrado por agentes de la DINA mientras se dirigía a su casa. Su muerte fue encubierta como un accidente.
La Audiencia Nacional de España propuso al Tribunal Supremo que sea la justicia de ese país la que investigue y juzgue el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en Chile en 1976..
El magistrado José de la Mata consideró que en Chile no ha existido "ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido" hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa en cuatro ocasiones.
Carmelo Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA mientras se dirigía a su casa en Santiago en julio de 1976.
Tras esto fue torturado para que confesara si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en el país. Los represores lo mataron inyectándole o haciéndole ingerir media botella de pisco para hacer pasar su muerte por un accidente de tránsito.
Tras la última reapertura del caso, en 2013, "la investigación ha estado prácticamente paralizada", ya que no se ha tomado declaración a "implicados evidentes" en el asesinato y se ha denegado la extradición de los presuntos responsables.
Lo anterior "es incompatible con una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido", planteó De la Mata, según publicó en su sitio web el Poder Judicial español. La petición del magistrado "no supone en absoluto evaluar, analizar y mucho menos enjuiciar la actuación del poder judicial o de la Administración de Justicia de Chile", agrega la nota.
El juez hizo esta petición al Tribunal Supremo en contra del criterio de la Fiscalía, que se opuso a que España investigue este caso, argumentando que en Chile se sigue un proceso por el crimen y por ello el juez que debe investigarlo es el del "lugar en el que se cometieron los hechos".
Fundamentos
De la Mata considera que este proceso se ha demorado injustificadamente y recordó que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal.
Para apoyar su petición, el magistrado se basó en una reciente decisión del Supremo que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.
La investigación en España del asesinato de Soria la inició el entonces juez Baltasar Garzón- que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince militares en retiro.
En 2012, el juez Pablo Ruz procesó por este caso a siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
