Un hombre de 27 años que se encontraba prófugo desde 2023, y fue detenido por Carabineros el miércoles en la comuna de Ovalle, recibe una pensión de gracia por ser víctima del estallido social, beneficio ampliamente cuestionado en los últimos meses.
Según El Mercurio, el Juzgado de Garantía de esa ciudad emitió una orden de detención en su contra por conducción bajo la influencia de estupefacientes, y además, presenta antecedentes de maltrato de obra a uniformados, receptación de vehículo motorizado robado, hurto y consumo de drogas, entre otros.
El beneficio que se le otorgó tiene relación con delitos cometidos por el capitán de Carabineros Hugo Navarro, quien hirió de bala al joven tras proceder a su detención el 19 de octubre de 2019 en Ovalle, de acuerdo con la investigación.
En primera instancia, el oficial fue condenado a seis años de presidio por apremios ilegítimos, pero gracias a la presentación de un recurso de nulidad y cambio del tipo penal, finalmente recibió una pena de seis años de cárcel por homicidio frustrado, así como detención ilegal y falsificación de instrumento público.
La víctima en ese caso pasó a control de detención ayer jueves, resultando imputado por el delito de conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y sin licencia.
A la vez, el tribunal acogió las medidas cautelares menos gravosas solicitadas por la Fiscalía -firma mensual y arraigo nacional-, y fijó un plazo de 90 días para la investigación.
UDI REPUDIA EL CASO
"Nuevamente vemos que este Gobierno quiso beneficiar a los miembros de la 'primera línea' que tanto aplaudía cuando se produjo el 'octubrismo'", comentó al matutino el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, acotando que esta detención demuestra que el Ejecutivo "actuó ideológicamente, sin revisar siquiera los antecedentes de los delincuentes a los cuales estaba dando pensiones".
"Ya lo vimos con Luis Castillo, que hoy está preso por un delito grave", añadió el gremialista sobre el autodenominado "insurrecto" indultado por el Presidente Gabriel Boric, quien admitió que sacarlo de la cárcel "fue un error".
En esa línea, el también UDI Marco Antonio Sulantay urgió a tramitar el proyecto de ley -que permanece en la Cámara Baja- para derogar la facultad discrecional del Mandatario para otorgar pensiones de gracia.
"Era cuestión de tiempo para que los delincuentes a los cuales se les asignó una pensión de gracia por parte del Presidente de la República, prácticamente en agradecimiento a los servicios prestados durante el estallido delictual, comenzaran a mostrarse como lo que realmente son: unos inadaptados que no tuvieron ningún problema para intentar desestabilizar al país mediante actos de violencia y delictuales", fustigó el diputado.
