El senador institucional dijo que su apoyo a la idea de legislar beneficios para condenados por violaciones de DD.HH. se basa en que ya cumplen penas y establece condiciones mínimas para aplicarlos.
El senador designado y militante de la Democracia Cristiana (DC) Edgardo Boeninger explicó que su postura a favor de la idea de entregar beneficios a ex agentes de servicios de seguridad condenados por violaciones a los derechos humanos está lejos de ser una impunidad.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario afirmó que "no se respira un ambiente de impunidad, porque se trata en todos los casos de gente condenada, de manera que (es) gente que cumple penas, y se establecen algunas condiciones mínimas de cumplimiento de penas".
"Mi impresión es que después de todo lo ocurrido en los últimos tiempos, la actitud de mucha cooperación y compromiso con el tema de los derechos humanos que ha ido surgiendo en las filas de la superioridad de las Fuerzas Armadas en actividad, creo que se ha generado un clima que debiera permitir mirar más hacia el futuro, y en consecuencia, en términos que usé ayer (miércoles), tratar de hacer algunos gestos, que equilibren de alguna manera los beneficios que se han otorgado a condenados por delitos terroristas hechos en democracia, con la situación de algunas personas, que han servido penas por los delitos de violación de derechos humanos", detalló.
Boeninger señaló que tiene "perfecta conciencia de que esto es una cosa muy polémica, entiendo muy bien las razones, no sólo del Partido Socialista, sino que creo que de todas las organizaciones de familiares de víctimas", por lo que -sentenció- "a otros nos corresponde ayudar a abrir el debate, porque creo que la mirada al futuro y la reconciliación del país requieren en algún momento de algunos pasos".
"Tengo perfecta conciencia que no es lo mismo un homicidio hecho por un agente del Estado que un homicidio hecho por otras personas, desde el punto de vista de que el terrorismo de Estado tiene un agravante", añadió el congresista.
Sin embargo, aseveró, "a mí lo me ocurre es que creo que más importante que la diferencia que fluye del hecho de que existe ese elemento agravante en el terrorismo de Estado, creo que mirando a las personas que cumplen penas, son seres humanos de igual connotación".
Además, Edgardo Boeninger recordó que manifestó su disposición a estudiar la idea, por lo que firmó el patrocinio para el proyecto, pero "sin casarme con un texto concreto"
Consultado por la posibilidad de que el proyecto busque simplemente "empatar" la situación de violadores de derechos humanos y de reos subversivos, el político DC enfatizó que "me parece que empate es un término poco apropiado para algo que pretende ser una mirada al futuro, que pretende ser un gesto inicial, que predisponga a la gente a mirar de que una vez producido el castigo, también llega el momento de las consideraciones humanos, de una mirada más benévola a las personas que delinquieron, cometieron crímenes horribles y fueron condenadas".
En este sentido, recalcó que se preocupará que los posibles beneficios para los ex agentes de la dictadura "no sean mayores que los que se dieron a los condenados por delitos terroristas en democracia".
Asimismo, consideró que lo "esencial" de la idea que ronda en el Congreso es que "se excluye explícitamente a las personas que hayan desempeñado cargos de responsabilidad directiva en organismos de seguridad".
"No le veo muchas posibilidades de éxito al proyecto (...) se trata de instalar una discusión que genere una actitud favorable a gestos de este tipo (...) lo veo como que esto requiere una profundización, una actitud de disposición de mirada al futuro que a lo mejor necesita más tiempo para generarse", concluyó Boeninger.
La idea parlamentaria, que patrocinan los UDI Jorge Arancibia y Hernán Larraín, es que las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o síquica o la libertad personal cometidos por agentes del Estado entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, cumplirán una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta". (Cooperativa.cl)
