La Comisión del Senado aprobó esta semana una iniciativa que otorgaría libertad a presos por violación de DD.HH. mayores de 70 años.
“Con esto se nos estaría negando nuevamente la justicia, ahora que recién la acabamos de alcanzar”, sostuvo la víctima del Caso Quemados.
Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del Caso Quemados, criticó duramente el proyecto de ley que propone que condenados adultos mayores puedan optar a cumplir pena en sus domicilios, aprobado el pasado martes por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
En concreto, la propuesta –levantada por parlamentarios de Renovación Nacional- regula el cumplimiento alternativo de penas para personas condenadas que padezcan enfermedades terminales o menoscabo físico grave, que cumplan con determinada edad: en caso de los hombres 70 años y mujeres 65. Asimismo, la iniciativa incluiría a presos por violaciones de Derechos Humanos.
Por ello, Quintana apuntó en una carta pública que "si esto se llegara a aprobar sería una nueva afronta, muy dolorosa para mí, mi familia y miles de víctimas de violaciones a los DDHH, es un mecanismo que busca una impunidad brutal".
La aprobación ocurrió días antes que la Corte Suprema dictara –viernes 5 de enero- la sentencia definitiva a 10 exmiembros del Ejército por su responsabilidad en el Caso Quemados, por el homicidio calificado consumado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Quintana.
"En mi caso, la mayoría de los oficiales condenados es mayor de 65 años, o sea pagarán solo 5 años de cárcel por la muerte de Rodrigo y mis lesiones graves. Con este proyecto de ley, que la derecha chilena propone, se nos estaría negando nuevamente la justicia, ahora que recién la acabamos de alcanzar. ¿Hasta cuándo prolongan nuestra agonía? Es muy doloroso y dramático. En países desarrollados como Alemania, esto ni siquiera se discutiría, allá se juzga y condena a criminales nazis, incluso a sus 90 años", sostuvo.
En esa misma línea, señaló que "los militares aún ocultan la información de las violaciones a los derechos humanos no solo a los tribunales, sino al poder Ejecutivo y al Legislativo".
"Por otra parte, los partidos políticos también son responsables con los pactos de impunidad, con el negacionismo, con la instalación del secreto de 50 años que pesa sobre el informe Valech, con los pactos de silencio, que ellos toleran en las Fuerzas Armadas y con esta nueva ley de pseudo impunidad que tratan de aprobar para los mayores de 70 años", manifestó.
Respecto a la sentencia, la mujer víctima consideró como "un momento de alivio" cuando recibió la ratificación del fallo, ya que, le "permite cerrar un capítulo muy doloso de mi vida".
"Se establece y determina la verdad en uno de los tantos casos de violaciones sistemáticas a los DD.HH. perpetradas por la dictadura, en un crimen brutal, que estremeció y estremece al mundo y a las nuevas generaciones, dejando en evidencia que la dictadura violó sistemáticamente los DD.HH. y fue capaz de quemar vivos a dos personas jóvenes", escribió.
No obstante, reparó en la demora de la resolución porque "38 años después es demasiado tiempo, pues nada podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia, de una parte, el sufrimiento y la carga emocional de revivir el trauma en cada etapa del proceso judicial que se extendió por 38 años, de declaraciones, reconstituciones de escena, apelaciones, sentencias, la prensa".
