Las víctimas corresponden a asesores políticos, economistas, médicos y miembros del GAP detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
La Corte Suprema elevó hoy las penas que deberán cumplir oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en los delitos reiterados y consumados de secuestro y homicidio calificado de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, quienes fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 y ejecutados e inhumados ilegalmente, posteriormente, al interior del fuerte Arteaga, en Peldehue, al norte de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.
Las víctimas corresponden a asesores políticos, economistas, médicos y miembros de la custodia personal del Mandatario (GAP) que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda tras el golpe de Estado.
En fallo unánime en lo penal, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en su fallo de noviembre de 2021 y, además, en sentencia de reemplazo, elevó las penas y revocó absoluciones de exuniformados que habían sido absueltos en esa oportunidad.
De esta manera, se confirma la condena del entonces militar del Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas. Asimismo, se le agregan 20 años como autor de secuestro calificado en contra de las otras 8 víctimas.
Además, se confirman las condenas de Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio y Bernardo Eusebio Soto Segura a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de las mismas personas.
En tanto, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Servando Maureira Roa y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, fueron condenados a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de secuestro calificado de ocho de las 23 víctimas y a otros 15 años y un día como autores de homicidio calificado de las otras 15 personas.
El abogado Nelson Caucoto, quien representa a la familia de 18 de las 23 víctimas, destacó que "se ha dictado la sentencia final y definitiva por parte del máximo tribunal de la República en el caso de La Moneda, se trata de un fallo que viene a saldar un capítulo importante de la historia nacional. La barbarie en todo su esplendor inaugura en el Palacio de la Moneda lo que serían 17 años de terrorismo estatal".
"Han pasado 50 años y nuestros tribunales han terminado condenando a algunos militares partícipes del horror, los otros murieron en el intertanto. Ya no existe la Junta Militar que ordenó estos hechos, no está el ex Comandante de la Guarnición de Santiago y que fuera procesado en este proceso. Tampoco está el Comandante del Regimiento Tacna también procesado y varios otros que tuvieron clara responsabilidad en los hechos. El tiempo ha hecho su tarea", agregó el jurista.
Caucoto indicó que "el máximo tribunal ha corregido de paso alguna deficiencia de los fallos anteriores, como la condena de agentes que venían absueltos de ocho secuestros calificados y los ha condenado. Nos queda igualmente la satisfacción de que la justicia es también una fuente de sanación, y así lo entienden los familiares de las víctimas. Un reconocimiento a la actividad de los tribunales que en los últimos 20 años han tomado en serio su tarea fundamental, de sortear la impunidad y resolver estos crímenes cometidos desde el Estado".
Entre las víctimas se encuentran Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central; Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile; Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaría General de Gobierno; Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez, también asesores presidenciales; Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa, todos miembros del GAP; Juan Eduardo Paredes Barrientos, exdirector general de la Policía de Investigaciones; Arsenio Poupin Oissel, exsub secretario general de Gobierno; Sergio Contreras, Enrique Huerta Corvalán, exintendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subcretario de Interior; y los ex GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala y Oscar Enrique Valladares Caroca.
De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro Miguel Vázquez, se pudo establecer que las víctimas estuvieron en el interior del palacio de la Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y que salieron por la Puerta de Morandé N°80, detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en donde permanecieron hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en que fueron sacados del recinto amarrados de pies y manos con alambres, en un camión Pegaso. Luego fueron trasladados al recinto militar "Fuerte Arteaga" en Peldehue, en esta localidad las víctimas fueron fusiladas y explosionadas con granadas.
Cinco años después de haber sido fusiladas sus cuerpos fueron exhumados y volvieron a desaparecer. Sin embargo, en el lugar quedaron astillas de huesos y otros restos óseos, con lo cual se logró identificar a 15 de las 23 víctimas.
Los ocho restantes no fueron encontrados, desconociéndose hasta el día de hoy el paradero de Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares Caroca.
