Los criminales César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann fueron sentenciados a 13 años de presidio.
Sin militancia política conocida, casado y con cinco hijos, Asrael Retamales fue detenido en Maipú el 7 de septiembre de 1974.
La Corte Suprema confirmó este jueves la condena contra tres exagentes de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) por su responsabilidad como autores del delito de secuestro calificado (desaparición forzada) del mecánico Asrael Leonardo Retamales Briceño en el marco de la "Operación Colombo" en 1974.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación deducidos contra la sentencia y reafirmó las condenas impugnadas contra los exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la Corte de Apelaciones, los criminales César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, sentenciados a 13 años de presidio.
Sin militancia política conocida, casado y con cinco hijos, Retamales fue detenido por agentes de la DINA en su lugar de trabajo ubicado en el Mercado Agrícola de Maipú, en Santiago, el 7 de septiembre de 1974.
Su nombre pasó a engrosar la lista de víctimas de la llamada Operación Colombo, un gran operativo de inteligencia y montaje comunicacional diseñado por la DINA que intentó simular la muerte de 119 personas en supuestos combates internos entre militantes de organizaciones de izquierda como Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Todas las víctimas habían sido secuestradas por el organismo represor siendo luego sometidas a la desaparición forzada.
"Estamos satisfechos con la decisión, en el sentido que se rechazaron los recursos de Cesar Manríquez, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, quienes trataban de desligarse de cualquier participación en la Operación Colombo, cuando sabemos que son tres de los oficiales que tuvieron una participación más importante en este verdadero operativo de exterminio y de encubrimiento", dijo el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados.
El jurista señaló que "han pasado casi 50 años del secuestro de la víctima y eso es algo que hay que aquilatar, pero por lo menos los tribunales de justicia al día día de hoy están imponiendo condenas efectivas por graves crímenes de lesa humanidad y, en ese sentido, es una decisión importante que ratifica la jurisprudencia de la Corte Suprema".
Bustos agregó que "con posterioridad a los secuestros y desaparición forzada de las víctimas, hubo todo un operativo de montaje relacionado con el plan Colombo, en el cual participaron medios de prensa, tanto en el diseño como en la difusión, y esa es una deuda todavía pendiente. Nosotros esperamos que, con ocasión de los 50 años del quiebre democrático, otros actores puedan asumir también su parte de responsabilidad en lo que significa su colaboración con crímenes de lesa humanidad".
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
