El Ministerio Público confirmó este miércoles la apertura de una nueva investigación penal vinculada al megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, tragedia que dejó 138 personas fallecidas.
La indagatoria se originó a partir de los recientes informes finales de la Contraloría General de la República, que detectaron graves irregularidades en el uso de recursos públicos tras la emergencia.
El fiscal anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, detalló que los antecedentes dicen relación con actuaciones de la Dirección Regional de Arquitectura y apuntan a pagos indebidos por demoliciones no ejecutadas, deficiencias en los procesos de contratación, eventuales sobreprecios y falta de respaldo en los trabajos realizados.
Según precisó, estarían comprometidos fondos públicos por una cifra que supera los 1.100 millones de pesos, en cerca de un centenar de viviendas siniestradas.
"Los informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas", señaló Campos, agregando que, debido a la gravedad de los antecedentes y a que podrían constituir delitos, fueron derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Además, Contraloría instruyó la apertura de sumarios administrativos para perseguir eventuales responsabilidades funcionarias. Los informes también constataron irregularidades en los municipios de Viña del Mar y Quilpué, así como en la Delegación Presidencial Regional.
En este último, se objetaron más de 526 millones de pesos por arriendo de maquinaria y cerca de 62 millones por conceptos asociados a personal de conducción duplicado, ordenándose la restitución de los montos cuestionados.
Por su parte, la exdelegada presidencial Sofía González (quien ejercía el cargo al momento de la emergencia) señaló mediante un comunicado que durante su gestión "instruyó investigaciones y sumarios cada vez que advirtió posibles errores o irregularidades administrativas".
Aseguró que en este caso "no fue distinto" y que, al presentar su renuncia el 15 de noviembre de 2024, ya existían varios sumarios en curso, actuando —según indicó— "con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos".
Esta es la tercera causa abierta por el Ministerio Público relacionada con la tragedia, en medio de indagatorias que buscan determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales en la gestión posterior a los incendios.
